El Concejo Municipal de Trujillo decidió dejar sin efecto en setiembre del 2024, por 12 votos contra 3, el acuerdo que aprobaba la expropiación del terreno de 238,113.81 m² en el fundo El Cortijo, al costo aproximado de 30 millones de dólares, el cual estaba destinado a la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
Sin embargo, en esta oportunidad, PROINVERSIÓN ha contactado a un regidor que en la sesión ordinaria de hoy miércoles 26 de agosto propondría en la sesión pedidos se reactive dicho convenio, con lo que se iniciaría la ejecución del proyecto, según ha trascendido por versiones de otros regidores que se oponen al convenio.
Como se ha informado, la ciudad de Trujillo necesita una nueva PTAR ante el colapso de la antigua planta de Covicorti y las pozas de oxidación de El Tablazo, ambas construidas en los años 90, actualmente obsoletas pues su vida útil culminó en el 2012.
Hoy, catorce años después la sobrecarga de las aguas residuales supera cualquier acción de contingencia. La planta de Covicorti simplemente arroja el agua cruda directamente al mar de Buenos Aires y de Huanchaco, contaminando todas las playas al norte, mientras que las pozas de El Tablazo rebalsan varias veces al año dañando la zona protegida de los totorales.
El polémico proyecto se dio gracias al Convenio N°1363-2016-VIVIENDA “Convenio de Delegación de Funciones y Competencias de Ia Municipalidad Provincial de Trujillo a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, suscrito el 29 de septiembre de 2016, donde la MPT delegó las funciones específicas compartidas, así como las competencias municipales en temas de saneamiento al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que este desarrolle el proyecto de inversión denominado “Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Provincia de Trujillo”.
PROINVERSIÓN ha publicado en su Portal Institucional esta Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC), el proyecto de inversión con código único de inversiones (CUI) 2469971 denominado “Mejoramiento y ampliación del servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final y/o reúso, y de la infraestructura de recolección en la localidad de Chepén y 8 distritos de la provincia de Trujillo – departamento de La Libertad”, al costo de US$ 456.43 millones de dólares, o aproximadamente 1,534 millones de soles que será concesionado a un privado por 25 años, y comprende el diseño, tratamiento, construcción, operación y mantenimiento de la PTAR.
Es de señalar que en el 2016 SEDALIB ya había presentado un proyecto para construir una nueva planta en un terreno que logró para ese fin, de 80 hectáreas en El Tablazo, es decir, el terreno sin ningún costo y el presupuesto aproximado de la obra era cercano a los 400 millones, o sea 1,100 millones menos y cuyo financiamiento debía ser asumido por el Estado como obra pública.
Pero, al firmar en el 2016 la Municipalidad Provincial de Trujillo el convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para delegarle la construcción de esa nueva planta, originó que al proyecto presentado por SEDALIB se le negara el código de inversión pública.
Según el cronograma la nueva PTAR en COVICORTI se haría la convocatoria en el 2026 y la obra recién se iniciaría en el 2028 y estaría lista en el 2032, mientras tanto SEDALIB no puede invertir en la planta de El Tablazo porque el Estado no permite duplicidad de obras y además la MPT delegó todas sus funciones en temas de saneamiento mediante el Convenio.
De acuerdo a lo publicado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), una parte del costo del proyecto será asumido por el privado con cargo a devolución por parte del MVCS, mientras que SEDALIB desde el primer año de operación pagará a ese privado un promedio de 100 millones anuales por la operación y mantenimiento de la planta, con una cláusula que permite cobros adicionales, que redundaría directamente en el alza de las tarifas.
Esto significaría que SEDALIB será un simple ente recaudador, que todo lo recaudado por el servicio de alcantarillado (un promedio de 80 millones de soles) será transferido a la empresa privada, sin embargo, el privado solo operará y hará el mantenimiento de la nueva PTAR, pero SEDALIB seguirá a cargo de la operación y mantenimiento de todas las redes de alcantarillado de la ciudad sin el presupuesto anual que recibía.
Por lo tanto, esta concesión planteada podría llevar a la quiebra a SEDALIB, afectando a la totalidad del servicio, por el contrario, la modalidad que más conviene es la que siempre se ha aplicado, que el Estado asuma el costo de la construcción como obra pública, y que la nueva planta de tratamiento de aguas residuales sea transferida a SEDALIB, tal como se hizo en la década de los 90´s, con la planta de Covicorti.
