El abogado y fundador de gobernIA.pe, Luis Fernando Armas Salazar, advierte sobre los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial y sostiene que el Perú debe pasar de la legislación a una implementación efectiva.
La inteligencia artificial avanza a un ritmo que incluso ha llevado a representantes e investigadores de la propia industria a plantear la necesidad de desacelerar su desarrollo.
“Un sector que se define por la velocidad terminó pidiendo públicamente que se le contuviera”, señaló Luis Fernando Armas Salazar, al analizar los recientes acontecimientos relacionados con el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial.
El abogado explicó que esta situación ha hecho que la gobernanza de la inteligencia artificial deje de ser una discusión exclusiva de especialistas para convertirse en una necesidad global, incluso relacionada con la preservación humana.
Armas Salazar sostuvo que durante años se discutió si una mayor regulación podía frenar la innovación. Sin embargo, considera que actualmente la preocupación tiene una dimensión distinta. “Hoy el riesgo ya no es normativo sino operativo”, afirmó.
En esa línea, planteó interrogantes sobre lo que podría ocurrir si sistemas autónomos llegaran a afectar infraestructuras o información crítica.
“Si un enjambre de agentes autónomos logró vulnerar una plataforma tecnológica de primer nivel, cabe preguntarse qué ocurriría con la historia clínica de un hospital público, con el sistema de justicia, de educación, o el de seguridad de una ciudad”, manifestó.
El fundador de gobernIA.pe destacó que el Perú fue el primer país de América Latina en contar con una ley específica sobre inteligencia artificial.
“Fue el primer país de América Latina con una ley específica sobre inteligencia artificial, la Ley 31814, hoy reglamentada por el Decreto Supremo 115-2025-PCM y con la ENIA 2026 al 2030”, explicó.
No obstante, advirtió que contar con un marco legal no garantiza por sí mismo una adecuada implementación. “Ser primeros en legislar no equivale a ser mejores en implementar”, sostuvo.
Según Armas Salazar, las principales brechas se encuentran en las capacidades institucionales, el presupuesto, el talento especializado, las capacitaciones y la supervisión con consecuencias.
El especialista señaló que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital tiene una responsabilidad importante como autoridad técnico-normativa, pero consideró que la tarea no puede delegarse únicamente en esta entidad. “Sería un error cómodo delegarle todo”, afirmó.
En su opinión, los ministerios, las universidades, los hospitales, los bancos y las empresas que utilizan inteligencia artificial deben asumir también responsabilidades concretas.
“Son los ministerios, las universidades, los hospitales, los bancos y las empresas que ya usan IA —muchas veces sin saberlo— quienes deben inventariar sus sistemas, clasificar riesgos, designar responsables y crear políticas, reglamentos y/o lineamientos para su uso responsable”, señaló.
Para Armas Salazar, el desafío no consiste únicamente en contar con normas, sino en llevarlas a la práctica dentro de cada organización. “La gobernanza no se decreta desde un despacho, se practica en cada organización”, enfatizó.
Finalmente, sostuvo que el Perú ya dio un primer paso con su legislación y que ahora corresponde convertir ese marco legal en acciones concretas.
“Hoy, desacelerar es el pedido de quienes construyen y actualizan esta tecnología, gobernarla es una tarea que nos corresponde a todos”, afirmó.
