La Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en cuatro funcionarios de la Municipalidad Provincial de Virú, vinculados con la adquisición irregular de un terreno de dos hectáreas para la ejecución de proyectos de gran envergadura. La tasación del predio fue sobrevalorada, generando un perjuicio económico cercano al millón de soles para la entidad.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 009-2026-2-0631-AC, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, reveló que el informe que sustentó el requerimiento de adquisición no contenía un análisis técnico que justificara el área del terreno necesaria para ejecutar los proyectos invocados: terminal terrestre, Casa de la Juventud y complejo recreativo.
Asimismo, el sustento de la necesidad y finalidad pública fue formulado de manera general para los distintos proyectos invocados, sin acreditar técnicamente las necesidades específicas de cada uno de ellos, ni definir su relación con las características y dimensiones del terreno a adquirir. También se omitieron los criterios de planificación urbana vigente y la disponibilidad de predios de propiedad de la entidad, señalado en el acuerdo de concejo municipal del 15 de febrero del 2023.
Cabe precisar que el terreno de dos hectáreas pertenecía a una empresa constructora e inmobiliaria y formaba parte de un predio rústico de cuatro hectáreas. A solicitud de la municipalidad, y en el marco del procedimiento de selección, dicha empresa presentó su cotización el 23 de junio de 2023, un día después de que la entidad aprobara la independización del terreno.
Asimismo, la indagación de mercado realizada fue insuficiente y no objetiva, pues no se evaluaron más alternativas que el terreno cotizado, ni se consideraron los 65 predios identificados por la gerencia de Administración Tributaria. Además, uno de los funcionarios vinculados a los hechos solicitó la tasación del predio cuando este aún no contaba con la independización inscrita en Registros Públicos.
El 29 de septiembre de dicho año, el procedimiento de selección fue declarado nulo y retrocedió a la etapa de presentación de propuestas debido a “fallas en el servicio de internet que impidieron ciertos registros en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)”. La decisión fue registrada a las 4:22 p. m. y, cuatro minutos después, se publicó el reinicio del procedimiento.
Sin embargo, horas antes de la publicación de la nulidad y el reinicio del procedimiento, cuando el procedimiento anterior aún estaba vigente, la empresa presentó una nueva propuesta (a las 11:00 a.m.); adjuntando esta vez su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), requisito que no había cumplido en la primera oferta. Horas después recibió la buena pro.
El contrato fue firmado el 2 de octubre por un monto de S/ 2 millones 16 mil. Posteriormente, uno de los funcionarios involucrados gestionó el trámite de pago, el mismo que se efectuó con la aprobación de otro funcionario sin la recepción y conformidad de la prestación por parte del responsable de la unidad formuladora, como exigían las bases del procedimiento y la normativa estatal.
Es importante destacar que al momento que se efectuaron las siete transferencias a la empresa, el 17 de octubre, aún no se había otorgado la escritura pública ni iniciado el procedimiento registral del predio. Asimismo, la Contraloría solicitó una nueva tasación al Ministerio de Vivienda y se detectó una sobrevaloración de S/ 913 mil. El valor comercial oficial del terreno es de S/ 1 millón 3 mil.
Por lo expuesto, el informe de control fue remitido a la Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción para las acciones penales correspondientes, al Órgano Instructor de la Contraloría para el inicio del procedimiento sancionador, y al alcalde provincial para la adopción de medidas correctivas.
