La Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en cuatro funcionarios de la Municipalidad Provincial de Virú, vinculados a la adquisición de un terreno de dos hectáreas que habría generado un perjuicio económico de S/ 913 mil para la comuna. Los funcionarios señalados son Julio Steven Mazza Callirgos, Juan Luis Alva Vigo, Rosa María Terrones Chávez y Kori Wilka Llaro Sánchez.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N°009-2026-2-0631-AC, la municipalidad sustentó la compra del predio para proyectos como el terminal terrestre, Casa de la Juventud y un complejo recreativo, pero sin acreditar técnicamente el área requerida ni su relación con las características del terreno.
La Contraloría también detectó una indagación de mercado insuficiente, pese a que la entidad había identificado otros 65 predios. Además, se advirtieron irregularidades en el procedimiento de selección y en la presentación de propuestas, luego de que el proceso fuera declarado nulo y reiniciado por supuestas fallas en el SEACE.
El 29 de septiembre de 2023, el procedimiento de selección fue declarado nulo y retrocedió a la etapa de presentación de propuestas debido a “fallas en el servicio de internet que impidieron ciertos registros en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)”. La decisión fue registrada a las 4:22 p. m. y, cuatro minutos después, se publicó el reinicio del procedimiento.
Sin embargo, horas antes de la publicación de la nulidad y el reinicio del procedimiento, cuando el procedimiento anterior aún estaba vigente, la empresa presentó una nueva propuesta (a las 11:00 a.m.); adjuntando esta vez su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), requisito que no había cumplido en la primera oferta. Horas después recibió la buena pro.
Finalmente, la municipalidad suscribió el contrato por S/ 2 millones 16 mil y efectuó siete transferencias por el pago del terreno cuando todavía no se había otorgado la escritura pública ni iniciado su inscripción registral.
Una nueva tasación solicitada por la Contraloría al Ministerio de Vivienda determinó que el valor comercial del predio era de S/ 1 millón 3 mil, evidenciándose una diferencia de S/ 913 mil respecto al monto pagado.
El informe fue remitido a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para las acciones correspondientes, así como al Órgano Instructor de la Contraloría y al alcalde provincial para las medidas respectivas.
