La Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en siete funcionarios de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib) S.A. por su vinculación con la contratación irregular de un consultor, cuyos informes presentaron inconsistencias e inobservancias a la normativa aplicable y fueron utilizados para sustentar procedimientos de selección no competitivos.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 011-2026-2-0264-AC, que evaluó el periodo comprendido entre el 12 de marzo y el 3 de junio de 2025, se señala que el consultor fue contratado ese mismo año con términos de referencia modificados sin sustento técnico respecto a la profesión y experiencia requerida. Asimismo, su propuesta económica por S/ 42 500 por la prestación del servicio fue considerada válida pese a que fue presentada cinco días después del plazo establecido.
Los informes elaborados por el consultor para sustentar la situación de emergencia invocada para tres de las contrataciones fueron considerados inconsistentes y contrarios al marco normativo de contrataciones y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Como sustento se invocó el Decreto Supremo N.º 033-2025-PCM del 12 de marzo de 2025, que declaró el estado de emergencia en varios distritos del país por peligro inminente ante intensas precipitaciones.
Según la Contraloría, los informes de identificación de riesgos y emergencia del consultor justificaron erróneamente contrataciones mediante procedimientos de selección no competitivos y enmarcaron, en un estado de emergencia que no correspondía, la prestación de servicios y adquisición de bienes.
Estas contrataciones estuvieron relacionadas con el mejoramiento del cerco perimétrico de la sede central de Sedalib, la adquisición de cuatro equipos de bombeo y la demolición del reservorio elevado de Moche. A ello se sumaron dos procedimientos de selección no competitivos relacionados a la ejecución y supervisión de la red de alcantarillado de El Porvenir.
Los procedimientos de selección no competitivos fueron aprobados por la gerencia general de Sedalib mediante actos resolutivos, pese a que no tenía competencia ni delegación de funciones para ello.
Además, el sustento legal fue suscrito por una abogada de Logística que no tenía facultades para hacerlo y que, en ese momento, se encontraba inhabilitada para el ejercicio de su profesión. En conjunto, las contrataciones en cuestión implicaron una inversión pública cercana a los S/ 10 millones.
