El congresista Raúl Jesús Camargo Porta, del partido Cívico Obras, junto con otros integrantes de su bancada, presentó el PL 692-2026-2031-CD que busca extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2028. La iniciativa ha generado cuestionamientos debido a que la prolongación de este mecanismo podría favorecer la continuidad de actividades vinculadas a la minería informal e ilegal.
Entre los argumentos expuestos en la propuesta legislativa figura la posible existencia de un vacío normativo entre el vencimiento del plazo actual del Reinfo, previsto para el 31 de diciembre de 2026, y la entrada en vigor de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Asimismo, el documento advierte sobre la carga administrativa que afrontaría el Ministerio de Energía y Minas (Minem), debido a la acumulación de miles de expedientes de Instrumentos de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), además de informes técnicos pendientes de evaluación.
La iniciativa también sostiene que una eventual paralización del proceso de formalización afectaría la recaudación tributaria proveniente de los pequeños productores mineros y mineros artesanales inscritos en el registro. En ese contexto, el proyecto busca garantizar la continuidad de los trámites de inscripción y mantener vigentes las inscripciones actuales en el Reinfo.
Entre las medidas adicionales planteadas se encuentra el establecimiento de un plazo de 120 días para que los operadores mineros declaren con precisión la ubicación de sus actividades mediante información georreferenciada. También se propone aplicar el silencio administrativo positivo para obtener la Opinión Técnica Sectorial necesaria para el uso de explosivos.
El documento lleva las firmas de los legisladores Luis Aurelio Masco Cáceres, Demetrio Flavio Valqui Calderón, Helard Bladimir Sonco Villanueva, José Ricardo Yataco Torrealva y Víctor Eduardo Piñán Mamani.
No obstante, la propuesta también despierta cuestionamientos por los presuntos vínculos de algunos de sus firmantes con actividades mineras. Según informó El Comercio, Luis Aurelio Masco Cáceres, de Cívico Obras, figura en registros oficiales como cotitular del petitorio minero no metálico denominado “Pampa Blanca San Luis”, ubicado en Arequipa. El legislador, además, ha expresado públicamente su respaldo a la simplificación de los procedimientos de formalización y ha señalado que contar con un derecho minero no implica, por sí solo, desarrollar actividades ilegales.
Por otro lado, el congresista Helard Bladimir Sonco Villanueva, de la bancada de Ahora Nación, ha sido vinculado al sector a través de su empresa Señor de Ayabacas E.I.R.L. De acuerdo con la información citada por el mismo medio, la compañía registró una inscripción en el Reinfo para actividades en Sandia, Puno, que aparecía suspendida, mientras que en la Sunat figuraba con baja de oficio desde febrero de 2026. Asimismo, el diario reportó que el parlamentario sostuvo reuniones con representantes de organizaciones vinculadas a la minería informal, entre ellas la Cecomirl.
La propuesta legislativa abre nuevamente el debate sobre la continuidad del Reinfo, los plazos para la formalización minera y los mecanismos de fiscalización necesarios para evitar que este registro sea utilizado para mantener actividades al margen de la ley.
Fuente: Perú21
