El Gobierno publicó el Decreto Legislativo N.° 1742, el primero emitido tras recibir facultades legislativas del Congreso, que establece la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en el control de los penales declarados en emergencia, en respaldo al INPE y la Policía Nacional.
La disposición contempla que los militares se encarguen de la vigilancia perimétrica de los establecimientos penitenciarios, refuercen los controles para evitar el ingreso de armas y sustancias ilícitas, y neutralicen drones no autorizados. También brindarán apoyo logístico, tecnológico y de inteligencia para bloquear comunicaciones clandestinas, detectar antenas ilegales y prevenir fugas o ataques externos.
La medida busca responder a la grave crisis del sistema penitenciario, que hasta agosto de 2026 registraba más de 107 mil internos, pese a contar con una capacidad aproximada de 42 mil plazas. Además, se identificó a 494 reclusos vinculados con 217 organizaciones criminales, entre ellas facciones del Tren de Aragua.
Esta iniciativa se suma a otras acciones del Ejecutivo para recuperar el control de las cárceles, como la ampliación del estado de emergencia hasta enero de 2027 en penales de alta peligrosidad, entre ellos Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y El Milagro, en La Libertad. Asimismo, se contempla la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios en Huacho para reducir el hacinamiento y limitar las operaciones de las organizaciones criminales.
