Designan a apepista Lissetti Vigo Cotos como jefa de Wasi Mikuna en La Libertad

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A través de la Resolución Dirección Ejecutiva N°D000319-2025-MIDIS/WM-DE, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Wasi Mikuna designó a partir de hoy 26 de abril a Lissetti Geraldine Vigo Cotos como jefa de la Unidad Territorial de La Libertad del citado programa estatal.

De acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Vigo Cotos es actual militante del partido político Alianza Para el Progreso (APP). La ahora jefa de Wasi Mikuna en La Libertad tiene una larga vida política, en el 2017 – 2018 fue subgerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de La Libertad. Luego, en el 2019 – 2020 fue gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

Asimismo, en el 2020 – 2021, Vigo Cotos fue jefa de la Unidad de Fiscalización Social y Control del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), posteriormente en el 2021 – 2022 fue designada como asesora de la presidencia del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo.

Finalmente, el 09 de diciembre del 2023 fue designada como gerente de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, en la gestión del alcalde apepista Efraín Bueno Alva.

Sin embargo, el historial político y de cargo público de Vigo Cotos no sería del todo intachable. En el año 2020 la Contraloría recomendó al Procurador Público de la MPT iniciar acciones legales contra los funcionarios comprometidos en la adquisición de 500 canastas de víveres para apoyo de comerciantes informales de los principales mercados del distrito de Trujillo, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

De acuerdo al órgano de control, las 500 canastas de víveres fueron requeridas ilegalmente por la entonces gerente de Desarrollo Social, Lisset Vigo Cotos, quien se desempeñaba como jefe de Fiscalización y Control del Segat.

Según el informe de control 037-2020-2-0424 SCE de la Controlaría, tal requerimiento fue efectuado Vigo Cotos sin sustentar la necesidad, ni finalidad pública de la contratación y al margen de la normativa legal, generando un perjuicio económico de más de S/68 mil.