A través de un comunicado, la empresa minera artesanal Libmar S.A.C señaló que la escalada criminal en la provincia de Pataz se da a raíz de la falta de implementación de políticas de seguridad eficientes por parte del Estado.
En esa línea, refirieron que por esta razón su empresa y otros mineros artesanales que operan en Pataz, se encuentran en la necesidad de destinar recursos financieros para contratar servicios de seguridad privada para cuidar y proteger la vida de los trabajadores.
Por ello, solicitan que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la protección de los derechos, así como de promover el orden interno y mantener la paz social en la provincia de Pataz.
«Exhortamos al Ministerio del Interior y la Policia Nacional del Perú a que asuman su deber de cautelar el derecho constitucional a la vida y al trabajo que les asiste a los mineros artesanales en proceso de formalización», se lee.
