El alcalde del distrito de Víctor Larco, Enrique León Clement, indicó que se ha iniciado un procedimiento para la cancelación de la licencia de funcionamiento de la discoteca Nosso, tras la brutal agresión a dos jóvenes por parte de un agente de seguridad de la discoteca.
Al respecto, el representante legal del citado centro de entretenimiento nocturno, André Barba Silva, aseveró que el burgomaestre hizo un adelanto de opinión en lo que respecta al cierre definitivo de su representada.
“Lo que la Municipalidad Distrital de Víctor ha hecho es transmitir un adelanto de opinión sin sustento legal. Nosso tiene todos los permisos de licencia de funcionamiento en regla, de acuerdo a la norma administrativa amparada. A la fecha, no tenemos ningún procedimiento administrativo de revocatoria de licencia, por eso estamos funcionando”, mencionó a Macronorte.pe.
El jurista manifestó que desde la comuna edil se dijo que se clausuró dicha discoteca por el acto de agresión, sin embargo, aclaró que la clausura temporal se debió por observaciones estructurales.
“Lo que tal vez hubo fue alguna presión mediática o algún móvil o algunos intereses que habrían tenido distintos funcionarios de la municipalidad como para poder accionar en contra de nuestra representada. Nosotros hemos sido llanos a cualquier proceso de fiscalización, posterior a este hecho (agresión a unos jóvenes) nos fiscalizaron, el motivo de la clausura temporal no ha sido en relación al hecho de la agresión, la municipalidad ha tergiversado la información, no ha sido por el hecho de la agresión, ha sido por algunos incumplimientos de carácter subsanables en relación a la edificación, lo cual hemos subsanado de acuerdo a la normatividad que nos emitió por la clausura temporal”, agregó.
En ese sentido, André Barba señaló que se estaría incurriendo en un abuso de autoridad por parte del municipio y que utilizarán los medios legales en defensa de su representada.
“Todo ente fiscalizador, todo ente estatal tiene un límite que es la ley, si exigen o van más allá de la ley, incurren en abuso de autoridad y tienen lineamientos estandarizados que deben cumplir para que puedan ejercer todo poder punitivo, fiscalizador o de principio de autoridad a cualquier administrado debe estar amparado por ley, si no lo hacen sabemos que incurren en un ilícito penal”, precisó a este medio de comunicación digital.
