El jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Hernán Yaipén Aréstegui, enfrenta una fuerte ola de críticas por la gestión de uno de los proyectos más sensibles y urgentes del país: el Proyecto Integral de las Quebradas San Idelfonso y San Carlos, obra clave para proteger a más de 750 mil habitantes trujillanos de inundaciones y huaicos.
A pesar de declaraciones oficiales sobre avances de alrededor del 70 %, la realidad es otra: en agosto de 2025 las obras quedaron paralizadas por falta de recursos, una situación que el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) atribuyó a deficiencias de planificación y programación financiera por parte de la ANIN, lo que obligó a suspender frentes de trabajo y postergar pagos a contratistas.
Esta paralización que se mantiene parcialmente evidencia una mala gestión financiera que ha generado costos adicionales al Estado y pone en duda la capacidad de la ANIN para ejecutar proyectos de prevención de riesgos.
La responsabilidad directa recae sobre el jefe de la ANIN, Hernán Yaipén, cuyo liderazgo institucional está ahora bajo escrutinio. En múltiples ocasiones Yaipén ha encabezado actividades públicas de supervisión en Trujillo; sin embargo, parece que todo “ha sido para la foto”, pues no ha podido evitar que obras estratégicas se frenen por falta de recursos comprometidos previamente.
La situación se agrava por la reciente aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 (Ley Nº 32513), que asigna recursos generales por más de S/ 257 mil millones, pero prácticamente ignora partidas específicas para las labores de mitigación en las quebradas San Ildefonso y San Carlos.
Según este documento público, apenas se ha asignado S/ 264,831.00 al Proyecto Quebradas San Idelfonso y San Carlos, lo que representa el 0.01 % de todo el presupuesto destinado a la ANIN, cuando se trata de una obra de más de S/ 1,200 millones.
La falta de estrategia por parte de Yaipén y su entorno se evidencia también en que, se ha asignado recursos mayores a proyectos que cuentan con avances mucho menores, como: Río Chicama (S/ 62 millones), Río Virú (S/ 26 millones), Río Tumbes (S/ 380 millones), Drenaje Pluvial Sullana (S/ 148 millones) y Río Motupe en Lambayeque (S/ 141 millones).
Este hecho no solo pone en evidencia la incapacidad de la ANIN para incorporar proyecciones reales de gasto en su programación multianual y formulación del presupuesto, sino que expone un grave riesgo fiscal: obras que han comenzado sin respaldo presupuestal sólido para 2026, lo que podría traducirse en costos mucho mayores por reprogramaciones, penalidades o deterioro estructural.
