El Poder Ejecutivo dispuso la prórroga del Estado de Emergencia en las provincias de Trujillo y Virú, mediante el Decreto Supremo N.º 008-2026-PCM, con la finalidad de enfrentar la criminalidad y los elevados niveles de violencia que afectan a la población.
La medida regirá por sesenta días calendario, a partir del 19 de enero de 2026, periodo durante el cual la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. La intervención se realizará sobre la base de inteligencia policial, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos de análisis estratégico.
Durante la vigencia del Estado de Emergencia, se restringe el ejercicio de determinados derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme a lo previsto en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. No obstante, el Ejecutivo precisó que dichas restricciones se aplicarán dentro del marco legal y con respeto a los principios de proporcionalidad y legalidad.
Asimismo, se estableció que las actividades religiosas, culturales y deportivas de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, mientras que las actividades no masivas podrán desarrollarse sin permiso.
La prórroga fue sustentada en informes reservados de la Policía Nacional, los cuales advierten la continuidad de delitos como extorsiones, robos, estafas, homicidios y lesiones, que impactan negativamente en la seguridad ciudadana y el desarrollo económico de la región.
Finalmente, el decreto dispone que, concluido el Estado de Emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá remitir un informe final al Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial, detallando los resultados de la intervención y las recomendaciones correspondientes.
