Jefe de la Unidad Empresarial La Libertad Norte no cumpliría requisitos para ocupar el cargo

0
242
spot_img

La designación de José Luis Díaz Chuque, como jefe de la Unidad Empresarial La Libertad Norte de Hidrandina S.A. ha generado controversia tras revelarse que el citado funcionario no cumpliría con los requisitos mínimos establecidos en el perfil del puesto.

Según se detalla, uno de los requisitos es contar con 5 años de experiencia en cargos de similares características y/o responsabilidades. No obstante, de la revisión del currículum vitae de José Díaz Chuque, actual titular del cargo, se advierte que no acreditaría dicha experiencia específica.

De acuerdo con la información consignada en su propio CV, Díaz Chuque únicamente sustenta 6) meses de experiencia en un cargo de jefatura, desempeñado en la Unidad de Negocios de Chachapoyas. Esta experiencia estaría muy por debajo de los cinco años requeridos para asumir la Jefatura de la Unidad Empresarial La Libertad Norte.

Las observaciones señalan que, pese a no cumplir con el requisito mínimo de experiencia, Hidrandina S.A. procedió con su contratación, lo que habría significado un beneficio indebido para el funcionario y un presunto incumplimiento de las normas corporativas internas.

La designación también ha sido objeto de cuestionamientos por la presunta cercanía de Díaz Chuque con José Víctor Bobadilla Huamán, quien en ese momento se desempeñaba como director y presidente del directorio de Distriluz, empresa vinculada al sector eléctrico.

Ante estos hechos, se ha solicitado la intervención de diversas entidades del Estado, entre ellas la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), a fin de que se evalúe la situación.

Asimismo, se pide la inmediata destitución del funcionario y el inicio de los procesos administrativos, civiles y penales correspondientes contra quienes resulten responsables de su evaluación y designación.