El accionista Jorge Arturo Viteri Falcón presentó una ampliación de denuncia por presunto lavado de activos contra el empresario Edwin Oviedo y otras personas ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en este delito. El caso, a cargo del fiscal Roger Tumi Pacori, incorpora nuevos elementos sobre un presunto entramado empresarial vinculado al negocio del azúcar que habría operado con mecanismos financieros irregulares.
Según la denuncia, existiría una red de empresas constituidas en el Perú y conectadas con estructuras offshore en paraísos fiscales, utilizadas para sobrevalorar y subvaluar operaciones comerciales, inflar costos de transporte y desviar recursos. Estas prácticas habrían impactado la comercialización de azúcar y sus subproductos, así como la gestión financiera de importantes compañías del sector agroindustrial.
Entre las empresas señaladas figuran COALI S.A.C., D’Libano Inversiones S.A.C., Mega Supermayorista S.A.C. y Shema S.A.C., las cuales presentan inconsistencias en sus registros, cambios abruptos de capital social, direcciones compartidas y, en algunos casos, condición de “no habido” o “baja de oficio” ante la administración tributaria. Además, se advierte la participación de accionistas y estructuras empresariales vinculadas a jurisdicciones como Panamá, Islas Vírgenes y otros territorios considerados paraísos fiscales.
Uno de los aspectos más relevantes es la acumulación de deudas tributarias que, en conjunto, superan los 178 millones de soles ante la SUNAT. De acuerdo con la denuncia, estos montos corresponderían principalmente a impuestos como el IGV y renta, en un rubro donde las ventas se realizan mayoritariamente al contado, lo que genera cuestionamientos sobre el destino de los recursos que debieron ser transferidos al Estado.
Finalmente, Viteri plantea la necesidad de esclarecer el origen de los capitales utilizados en la constitución y ampliación de estas empresas, así como la trazabilidad de los fondos y posibles transferencias al extranjero. La presunta participación de estudios jurídicos internacionales y el movimiento de dinero hacia cuentas offshore configuran un escenario que, según la denuncia, requiere una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y eventuales delitos.
