En una prolongada audiencia de tres días, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de San Martín – Sede Tarapoto, logró que se condene a tres efectivos policiales y una abogada, quienes solicitaron la suma de 10 mil soles a un ciudadano extranjero, con el fin de omitir comunicar su situación de intervenido y evitar que lo departen ante la oficina de Migraciones, hecho ocurrido entre los días 28 al 31 de diciembre del 2018, en el distrito de la Banda de Shilcayo.
Se trata de los efectivos policiales del Área de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de Tarapoto, Hugo Velarde Oropesa (52), Juan Carlos Perea Rubio (31), Robert Huayanay Quispe (28) y Felipe Santiago Zegarra Gómez (25), quienes fueron sentenciados a seis años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en agravio de la Policía Nacional del Perú.
De igual forma se condenó a la abogada del agraviado, Florangel Torres Lazo (32), imponiéndole cinco años de prisión efectiva como cómplice primario del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en agravio de la referida institución.
Tras el adelanto del fallo se ordenó la inmediata ubicación y captura para cuatro de los sentenciados, mientras que Juan Carlos Perea Rubio, continuará recluido en el penal de Pampas de Sananguillo, tras permanecer antes bajo prisión preventiva.
Mediante un trabajo coordinado entre el titular de despacho, José Luis Villalta Arriaga y la fiscal adjunta, Elena Angélica Tuesta Álvarez, se expuso en juicio oral que el 28 de diciembre del 2018, el ciudadano chileno Braulio Andrés Cárcamo Zepeda (36) fue intervenido en compañía de una adolescente (15) sin contar con autorización de sus padres, hecho que fue comunicado al fiscal de turno del distrito de la Banda de Shilcayo, Luis Alberto Llerena García, quien dispuso su detención a fin de efectuar las diligencias pertinentes.
El mismo día, los sentenciados omiten informar al intervenido que no existía inconveniente sobre su situación legal y le solicitan la suma de 10 mil soles para evitar que lo deporten, además, lo contactan con la abogada Florangel Torres Lazo, quien asumiría su defensa.
