La Contraloría General de la República evidenció varias situaciones adversas en la ejecución de una obra por S/ 5.7 millones, a cargo del Consorcio Virgen del Carmen (integrado por la empresa JM Sociedad Corporativa SAC y Constructora Guerrero EIRL), para el mejoramiento y ampliación del servicio educativo en el colegio de nivel primario N.º 80103 “Virgen del Carmen”, ubicado en el centro poblado y distrito de Longotea, provincia de Bolívar.
Macronorte.pe ha corroborado que la empresa Constructora Guerrero EIRL, integrante del Consorcio Virgen del Carmen, presenta un antecedente respecto a esta situación, debido a que fue sancionada 37 meses por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), durante el periodo setiembre de 2018 hasta octubre de 2021, por haber presentado documentación falsa o adulterada durante su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras.
“Sancionar a la empresa Constructora Guerrero EIRL, con R.U.C. N° 20531455313, por un periodo de treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la presentación de documento falso ante el RNP”, se lee en la Resolución N°1647-2018-TCE-S2 emitida por el TCE en el 2018.
Como se ha informado, la Contraloría reveló que el gobierno local otorgó conformidad y pagó por trabajos reportados como ejecutados desde julio hasta octubre de 2023 a pesar de que el Consorcio Virgen del Carmen (integrado por la empresa JM Sociedad Corporativa SAC y Constructora Guerrero EIRL) presentó documentación presuntamente falsa relacionada a la participación del residente de obra y a los ensayos de laboratorio.
Dichos documentos permitieron que el contratista cobre S/ 1 095 047 y evite el pago de S/ 23 225 como parte de la remuneración del residente que, por Ley N.º 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, está obligado a participar de manera permanente y directa en la ejecución de la obra como responsable técnico.
La obra inició el 25 de marzo del 2023 y debió culminar el 19 de noviembre del mismo año, pero está suspendida desde el 07 de noviembre último por causas no sustentadas debidamente; situación que podría generar la inaplicación de penalidades por retrasos injustificados ascendentes a S/ 579 653.
