El pasado 14 de enero del presente año, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la transferencia financiera y la asignación mensual de la subvención del financiamiento público directo (FPD) para el primer semestre de este año (enero a junio) a las diez organizaciones políticas que ganaron representación en el Congreso en las últimas elecciones generales.
Las organizaciones políticas beneficiadas son Partido Político Nacional Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza Para El Progreso, Avanza País – Partido De Integración Social, Juntos Por El Perú, Partido Democrático Somos Perú, Podemos Perú y Partido Morado.
Al respecto, se presentó un proyecto de ley para eliminar el financiamiento público directo de los partidos políticos, con la finalidad de evitar el uso incorrecto de fondos del erario nacional y fortalecer la gestión pública.
Sin embargo, para el politólogo Miguel Rodríguez Albán, no se debería eliminar, sino, que se tendría que mejorar la fiscalización de los organismos competentes para que los partidos políticos hagan un buen uso de dichos recursos.
“El Estado a través de los organismos electorales y la ciudadanía deben hacer un seguimiento de estos recursos, asimismo, los militantes de los partidos deben exigir a sus dirigentes de que esos fondos se utilicen para llegar de verdad a los militantes y sepan el ideario del partido”, comentó Albán.
En esa línea, precisó que el financiamiento tiene como fin mantener ese vinculo entre el representante y el representado partidario, sin embargo, en los últimos años esto no ha ocurrido.
“Se ha invertido la razón de ser de la política y el Estado, porque se han puesto al servicio de los intereses privados, la política se ha convertido en una actividad empresarial y hasta de crimen organizado”, agregó.
