Desde el 17 de julio de 2012, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios sometía a escrutinio al coronel FAP Manuel Cárdenas Valseca por un caso de presunto desbalance patrimonial. No obstante la gravedad de la imputación, el 12 de enero de este año, el entonces jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, Luis Solís Iparraguirre, designó a Cárdenas como director de Ejecución de Contratos de la Agencia de Compras.

El 22 de febrero de este año, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima condenó al coronel Manuel Cárdenas a cinco años de prisión efectiva por enriquecimiento ilícito. Pero dicho oficial continuó laborando en la Agencia de Compras, una entidad encargada de millonarias contrataciones y adquisiciones para el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea del Perú.

En 2016, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas dio luz verde a 123.3 millones de soles en compras, la más cuantiosa fue la contratación de seguro para las aeronaves militares (42.4 millones de soles) y la adquisición de vehículos de seguridad (23.5 millones de soles).

La ubicación de Manuel Cárdenas en el organigrama del proceso de compras y contrataciones resultaba clave.

Inexplicablemente, luego del fallo condenatorio por corrupción de funcionarios, el coronel Cárdenas Valesca prosiguió en funciones porque apeló la sentencia.

El último 26 de mayo, el coronel de la FAP se presentó en la Primera Sala de Apelaciones. La República lo abordó para entrevistarlo, pero él se negó a responder las preguntas.

Durante la audiencia de ofrecimiento de prueba, el fiscal superior anticorrupción Martín Salas Zegarra desbarató los argumentos de la defensa del acusado.

Cárdenas presentó una serie de fotocopias de diferentes cheques con los que supuestamente un amigo en Venezuela le devolvió un dinero que le había prestado.

También entregó un voucher de un casino en el que presuntamente ganó un premio de 50 mil soles.

Para el fiscal Martín Salas, lo documentos carecían de valor porque se trataban de simples fotocopias y no de originales, y además había detectado indicios de la fabricación de pruebas.

Las copias de los cheques presentadas por el acusado, pese a que son de diferentes años, todas tenían el mismo tipo de letra y fueron legalizadas en una notaría peruana en la misma fecha.

El representante de la Procuraduría Anticorrupción, Jorge Miguel Ramírez, coincidió con la posición del fiscal Salas.

La defensa de Cárdenas Valseca insistió en la validez de los documentos y señaló como subjetivos los alegatosde la fiscalía y la procuraduría.

Luego de escuchar los descargos de todas las partes, la Sala de Apelaciones fijó para los próximos días la siguiente audiencia en la que se resolverá si se ratifica la condena o no.

Entre los sustentos que acreditarían el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Cárdenas se incluyen las declaraciones juradas que presentó ante la Contraloría General de la República (CGR). Entre 2010 y 2012, el oficial de la FAP declaró anualmente bienes por 42 mil 450 soles.

Pero en 2013 esa cifra se elevó a 1 millón 206 mil 400 soles y en 2014 subió un poco más: 1 millón 325 mil soles.

Los bienes de Cárdenas aumentaron considerablemente, y sin embargo, siguió cobrando el mismo sueldo de coronel FAP, que es de 9 mil soles.

Ni siquiera sumando los sueldos sin gastar durante algunos años alcanzarían para justificar el incremento de los bienes del oficial de la FAP.

Las autoridades del Ministerio de Defensa aclararon que los hechos que se le imputan a Cárdenas corresponden al periodo en que laboró antes de ser incorporado en la Agencia de Compras, en alusión a los cargos que ocupó en la Dirección de Material de la FAP, que se encarga de definir las contrataciones para dicho instituto castrense.

 

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