La Contraloría General de la República, en lo que va de los primeros cuatro meses de 2018, sancionó administrativamente a 25 funcionarios y servidores públicos de la región, por faltas graves o muy graves, por lo que están impedidos de trabajar para el Estado.
De acuerdo a la gravedad de la infracción, los sancionados fueron suspendidos de 30 a 360 días o inhabilitados de 1 a 5 años.
Con dicha cifra, La Libertad ocupa el séptimo lugar en funcionarios sancionados, siendo los primeros: Lima (85), Cajamarca (50), Lambayeque (46) y Tumbes (30).
En total son 468 sancionados, de los cuales 153 sanciones quedaron consentidas en primera instancia, es decir, no fueron apeladas y 315 fueron confirmadas en segunda instancia.
Es bueno señalar que dicha sanción no incluye las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecer contra los funcionarios o servidores por los mismos hechos.
Los titulares de las instituciones cuyos funcionarios laboren deberán cumplir con las resoluciones de sanción.
