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Los servidores públicos  que son contrato CAS, al menos por cinco años, podrían pasar al régimen de la actividad privada en calidad de plazo indeterminado.

Este proyecto de ley es de Alianza Para el Progreso, impulsada por el congresista Ricardo Narváez Soto, quien propone que los CAS pasen al decreto 276m bajo los mismos requisitos.

De acuerdo a sus argumentos, el régimen perjudica a los trabajadores y transgrede el principio constitucional de igualdad, ya que sus derechos laborales están disminuidos.

Alianza por el Progreso subraya que la presente iniciativa legislativa no irrogará gastos al Estado, por el contrario, y conforme a lo establecido por la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

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