El Defensor del Pueblo de la oficina descentralizada de la región La Libertad, José Luis Agüero, indicó que se habrían encontrado algunas irregularidades en el proceso electoral en el Colegio de Abogados de la mencionada región.

Agüero, declaró que durante el proceso de elegir las listas «aptas y no aptas» no se encontró ninguna documentación o resolución, el cual, fundamentará la decisión en las elecciones de estas listas.

«Al termino de este plazo se presentó un papel en donde decía «listas aptas y no aptas» y un papel que no tenia ningún sello, ni firma, ni acreditación, ante ello verificamos eso; y no se había determinado ningún acto formal para determinar las listas aptas y no aptas, y cuales eran los fundamentos que se basaban para determinar ello», argumentó para la prensa.

En ese sentido, el defensor agregó que luego del plazo establecido se emitió una resolución, lo cual, «va en contra del debido proceso». Incluso se han encontrado dentro de las listas firmas de abogados inhabilitados.

De otro lado, Agüero indicó que el Colegio de Abogados no tiene ningún tipo de mecanismo para subsanar esas observaciones.

Ante este hecho, el representante de la Defensoría del Pueblo recomendó al decano de la mencionada institución, que anule estas elecciones hasta levantar las falencias encontradas, sin embargo, Agüero expresó que este mismo (decano) se negó a anular este proceso.

«Se le esta recomendando al decano observar esas falencias que han tenido dentro del procedimiento y evaluar la nulidad de este proceso», manifestó.

«He escuchado que han mencionado (colegio de abogados) que la Defensoría del Pueblo no puede entrar en estas situaciones, algo por el cual esta muy equivocado (decano), el tribunal constitucional ha indicado que las instituciones que brindan función administrativa y donde hay colegiados que existen potestades administrativas es administración publica», enfatizó.

Ante la negativa del Colegio de Abogados de anular el proceso electoral para elegir la nueva mesa directiva, Agüero presentó un documento ante el Ministerio Público «para que siga su debido proceso legal».

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