La Contraloría General de la República expresó su preocupación por la respuesta del Tribunal Constitucional (TC) que ha aclarado únicamente dos de las seis interrogantes planteadas en el pedido de Aclaración de la Sentencia recaída en el expediente 00020-2015-PE/TC, correspondiente a la demanda de Inconstitucionalidad vinculada a la facultad sancionadora del mencionado organismo, absteniéndose de emitir pronunciamiento sobre el fondo del principal efecto de su sentencia: La imposibilidad práctica de procesar y sancionar a los funcionarios y servidores públicos que han incurrido en infracción administrativa.

Para el organismo fiscalizador, esta situación representa un grave retroceso en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional, generando un manto de impunidad que beneficia a más de 15 mil funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad administrativa, y adicionalmente a los demás funcionarios y servidores públicos que hasta el día de hoy han incurrido en infracciones administrativas; pues por los mismos efectos de la referida sentencia, no podrán ser procesados ni sancionados por la Contraloría General.

Esta situación solo podrá variar si el Congreso aprueba el Proyecto de Ley N° 4267-2018-CG presentado por la Contraloría General, en atención a lo dispuesto a dicha sentencia del pasado 29 de abril de 2019, para procesar y sancionar las irregularidades funcionales que se realicen a partir de su entrada en vigencia. Vale resaltar que en La Libertad más de 460 funcionarios procesados se quedarán sin sanción.

El TC, presidido por Ernesto Blume, no habría ponderado los efectos e impactos de los alcances o límites de dicha sentencia, por lo cual la Contraloría General, a través de sus Órganos Instructores y Sancionadores, se ve limitada de iniciar Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) a cualquier funcionario o servidor público por hechos ocurridos desde 2016 hasta la fecha, debiendo considerarse adicionalmente a los más de 5,000 funcionarios o servidores públicos que anualmente en promedio son identificados como presuntos responsables de infracciones administrativas, en los informes de control.

Toda esta situación beneficia a los funcionarios deshonestos involucrados en casos como: Irregularidades en el Proyecto Especial Chavimochic, Suscripción de la Adenda al Contrato de Concesión del Aeropuerto de Chinchero, Contrataciones de la Empresa Municipal de Servicio de Limpieza del Callao, Construcción de la Vía Costa Verde del Callao, Mejoramiento de la carretera Variante de Uchumayo en Arequipa, Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena del Cusco, Contrato de Concesión del Terminal Portuario de Paita, entre otros.

La Contraloría pide que se convoque a un Pleno Extraordinario que pueda debatir y aprobar el Proyecto de Ley N° 4267-2018-CG, presentado por la Contraloría General de la República que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional en el marco de la potestad sancionadora de esta Entidad Fiscalizadora Superior.

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