Serie Investigativa: Inmunotransparencia policial

Yerno y suegra ganaron 4 de los 6 procesos de contratación directa para fumigar las comisarías de La Libertad. Macronorte accedió a documentos que demuestran que los proveedores, Luzgardo Javier Sánchez Tiznado y Ayda Teresa León de Pretel, madre de la esposa de Luzgardo, acapararon la mayoría de los procesos convocados por la Unidad Ejecutora – 005 Dirtepol Trujillo, organismo encargado de las contrataciones en la III Macro Región Policial La Libertad – Áncash, al mando del Gral. PNP Lucas Núñez.

El primer proveedor se adjudicó el proceso de «Contratación del Servicio de Fumigación para la limpieza, desinsectación y desinfectación de los locales de la PNP en la provincia de Pacasmayo» y el proceso de «Contratación del Servicio de Fumigación para la limpieza, desinsectación y desinfectación de los locales de la PNP en la provincia de Huamachuco». El primero por un monto de S/ 65,125.80 y el segundo por S/ 82,064.10. Para poder ganar estos dos procesos, teniendo en cuenta que no cuenta con experiencia en el rubro, Sánchez Tiznado tuvo que consorciarse con la empresa San Antonio Group SAC, de amplia experiencia en saneamiento ambiental.

En tanto, su suegra, Ayda Teresa León de Pretel; ganó los procesos: «Contratación del Servicio de Fumigación para la limpieza, desinsectación y desinfectación de los locales de la PNP en el distrito de Paiján» y «Contratación del Servicio de Fumigación para la limpieza, desinsectación y desinfectación de los locales de la PNP en la provincia de Trujillo». Por el primero, la PNP de Trujillo desembolsó S/ 42,525.90 y por el segundo, la suma de S/ 185,383.60.

Aplicando la misma formula de su yerno, esta improvisada empresaria formó un consorcio con una empresa especializada en el rubro de la fumigación, en ambos casos estuvo acompañada de la empresa Seg Contra Incendios Secoin EIRL.

Todo queda en familia

El vinculo familiar de estos dos proveedores se extiende hasta Vanessa Pretel León de Lamadrid, contratista exclusiva de la PNP, que fue suspendida para contratar con el Estado durante 37 meses por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Luzgardo Sánchez Tiznado, es su cuñado y Ayda Teresa León de Pretel, su madre.

De Vanessa Pretel hemos informado (el reportaje aquí), que durante el 2014 y 2015 se adjudicó 56 contratos con la III Macro Región Policial La Libertad – Áncash y que su esposo es el My. PNP José Martín Lamadrid Espinoza, quien fue pasado al retiro en diciembre del 2017.

Lo sospechoso de esta familia proveedora de la PNP, es que Luzgardo Sánchez y Ayda Teresa León de Pretel iniciaron sus tratos comerciales con la policía, luego de que Vanessa Pretel fuera sancionada por el OSCE, el pasado 03 de marzo de 2017.

Luzgardo Sánchez se registró ante la Sunat e inició operaciones el 13 de febrero del 2017, cuando el OSCE ya había iniciado el proceso sancionador contra su cuñada. Al mes siguiente, el 04 de marzo, el novato empresario hizo su debut comercial y realizó el servicio de mantenimiento de la comisaría de Monsefu, por encargo de la II Dirección Territorial de la Policía de Chiclayo. En Sunat no ha registrado domicilio fiscal y en el OSCE no se ha consignado un número telefónico de contacto.

En el caso de Ayda León de Pretel, ella inició actividades comerciales el 01 de mayo del 2017, según la Sunat. OSCE registra que su primer contrato con el Estado fue precisamente con la PNP, el 18 de enero de 2018. Aquel día, la empresaria alquilo ómnibuses para el traslado del personal policial comisionado a resguardar la visita del Papa Francisco a Trujillo. Esta proveedora, al igual que su yerno, es inubicable.

De acuerdo a nuestras fuentes, la madre y el cuñado de Vanessa Pretel contratarían con la PNP bajo intermediación suya, esto seguiría hasta que se cumpla la suspensión para contratar con el Estado por 37 meses, impuesta en su contra. Sin embargo, esto debe aún corroborarse.

Desde la III Macro Región Policial no se ha realizado ningún comentario oficial sobre este caso y ha sido imposible contactar a los proveedores involucrados en este presunto negociado. De otro lado, el congresista Mariano Yupanqui señaló que esta información será adjuntada en el expediente que viene elaborando la Comisión de Defensa del Congreso, para investigar las presuntas contrataciones irregulares que se han realizado en la PNP, durante la emergencia.

«Tenemos que cortar esto de raíz, esa información que tú tienes se debe canalizar a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad. A nivel de la Comisión de Defensa se ha solicitado la investigación de todo lo relacionado a las compras en la III Macro Región Policial La Libertad – Áncash. Ya está en agenda, vamos a esperar. Ya se ha solicitado a la mesa directiva del Congreso para poder tener la autorización y la Comisión de Defensa pueda hacer las investigaciones no solo en La Libertad, sino en varias regiones», acotó.

La representante de la empresa San Antonio Group SAC, consorciada con Luzgardo Sánchez, respondió a algunas consultas enviadas a su whatsapp, tras consentir la entrevista en una llamada telefónica previa.

«El consorciado no tiene la resolución directoral o administrativa que emite el MINSA, mediante DIGESA – DIRIS, es por ello que para poder licitar con el Estado en consorcio, uno de los consorciados debe tener la Resolución como requisito indispensable. En este caso mi representada cuenta con toda la experiencia acreditada para trabajar con el sector público», señaló Janet Narváez, quien no quiso detallar que rol cumplió Sánchez.

Tampoco accedió a brindarnos el número telefónico del investigado y aclaró que esa información se debe pedir por conducto regular. En tanto, no pudimos establecer comunicación alguna con la empresa Secoin EIRL, consorciada con Ayda León de Pretel.

Se ha vuelto una constante en las contrataciones de la III Macro Región Policial La Libertad – Áncash, que los contratos firmados con estos y otros proveedores en el marco de la emergencia por Covid-19, no aparezcan registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), esto impide darle seguimiento a detalles como el costo del servicio por metro cuadrado, plazo de ejecución y otros. Las directivas de la OSCE obligan a la entidad convocante a subir a esta plataforma toda la información relacionada al proceso de licitiación, con la finalidad de garantizar la transparencia de los procesos.

Esposos. Luzgardo Sánchez Tisnado y Giovana Pretel León.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here