Los dictámenes en mayoría y minoría que proponían medidas excepcionales para el deshacinamiento de las cárceles frente a la pandemia, fueron rechazados por el Pleno del Congreso realizado la noche del sábado 16.

Durante el debate distintas bancadas se pronunciaron porque esa responsabilidad no es competencia del Congreso de la República, sino del Poder Ejecutivo y que el deshacinamiento, a través de la excarcelación, podría servir para que sea aprovechado por delincuentes y por funcionarios corruptos.

La discusión que empezó durante varias horas el viernes 15 y prosiguió el sábado 16 tuvo cuestionamientos que versaron sobre la falta de garantías que tendría la población si se abrieran las puertas de los penales.

La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Leslye Lazo Villón (AP) accedió a las modificaciones que los congresistas de distintas bancadas le plantearon y presentó textos sustitutorios hasta en dos oportunidades.

VOTACIÓN

La noche del sábado, el presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, puso en votación el dictamen en mayoría, y el resultado dio que las abstenciones superaron a los votos en contra y a favor, quedando el tema en cuestión sin resolver. La votación que se registró fue 16 a favor, 49 en contra y 59 abstenciones.

LA RECONSIDERACION

Seguidamente el congresista Diethell Culumbus (FP) presentó una reconsideración a la votación anterior, la cual se realizó casi 45 minutos después con el siguiente resultado: 73 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones

Luego de ello sustentó nuevamente su dictamen la congresista Lazo Villón, quien hizo hincapié en que solo serían beneficiados con la cesación de la carcelería los internos con detención preventiva por delitos leves, o condenados por delitos no graves, que sean mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.

Puesto al voto, el dictamen en mayoría obtuvo el respaldo de 22 congresistas, 83 se pronunciaron en contra y 20 se abstuvieron. De esta manera, se envió al archivo el documento.

Luego fue el turno del dictamen en minoría, de autoría de la congresista María Cabrera (PP), que planteaba la variación de la prisión preventiva por comparecencia con restricciones a los imputados con penas menores de seis años, en el contexto del estado de emergencia sanitaria.

Tras un breve debate, la votación fue concluyente, 110 votaron en contra y 15 se abstuvieron, con lo cual el segundo dictamen, el de minoría, también se fue al archivo

EL DEBATE

La mayoría de congresistas señalaron que el Poder Ejecutivo “le sopló la pluma al Poder Legislativo, en un tema que tiene más de 30 años de existencia y que ha debido avanzar en su solución, pero que no hizo nada éste ni los anteriores gobiernos.

También hubo críticas al contenido de los dictámenes. Mirtha Vásquez (FA) consideró que el dictamen en minoría era incompleto y no recogía las propuestas del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y del Poder Legislativo. Además, dijo, facilitará la salida de los corruptos que tienen penas de hasta seis años de prisión.

Fernando Meléndez (APP) dijo que su bancada seguiría votando en contra porque debe ser el Poder Ejecutivo el que se haga cargo de un problema del que nunca se ocupó. Similar opinión tuvo José Vega (UPP)

La congresista Martha Chávez (FP), se pronunció por el deshacinamiento frente a una situación de emergencia que amerita medidas excepcionales y que si bien no le gustaba el dictamen en minoría, ayudaba más que el de mayoría.

Jorge Peréz (UPP) dijo que había una confusión porque el tema en cuestión es la salud de los internos y no un tema de legalidad.

Daniel Urresti (PP) insistió que para él y muchos de su bancada ningún preso debería irse a la calle y que el problema debía ser resuelto por el Ejecutivo.

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