Serie Investigativa: Inmunotransparencia policial

El proceso de contratación directa de empresas para la desinfección de comisarías en La Libertad y Áncash, a cargo de la Macro Región Policial, habría estado contaminado por el virus de la corrupción. Macronorte ha logrado determinar que los 6 contratos del Proceso N° 15-2020-III-DIRTEPOL-T se repartieron entre dos núcleos familiares.

La contratación directa tuvo como objetivo encargar la labor de fumigación y desinfección de las comisarías y dependencias policiales en Trujillo, Pacasmayo, Paiján, Huamachuco, Huaráz y Chimbote, para evitar la propagación del COVID-19 en el marco de la emergencia nacional. Los 4 primeras zonas pertenecen a la Región Policial de La Libertad y fueron adjudicados al clan Pretel, que está compuesto por Ayda Teresa León de Pretel (contratos para desinfectar comisarías en Trujillo y Paiján) y Luzgargo Javier Sánchez Tiznado (contratos en Pacasmayo y Huamachuco). Ellos son la madre y el concuñado de Vanessa Jacqueline Pretel León de Lamadrid, proveedora exclusiva de la Policía Nacional del Perú (PNP) y esposa del Mayor PNP José Martín Lamadrid Espinoza, quien fue pasado al retiro a finales del 2017. Esta empresaria ganó, entre el 2014 y 2015, 56 contratos con la III Macro Región Policial La Libertad – Áncash.

Las zonas restantes pertenecen a la Región Policial de Áncash y fueron entregadas «a dedo» al clan Puente, que está compuesto por las hermanas Elena Karin y Melissa Velen Puente Oliver, la primera representante legal de K & C Trading Group (contrato en Chimbote) y la segunda titular de la empresa Construcciones y Servicios Generales LUNIC SAC – CSLUNIC SAC (contrato en Huaraz).

No se exigió experiencia en el rubro

Que dos clanes familiares ganen los 6 contratos de un proceso de contratación directa, sería indicador de una falta pluralidad en el proceso. En efecto, las investigaciones de la Oficina de Asuntos Internos, de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior siguen esa hipótesis y se ha establecido que la Unidad Ejecutora 005-DIRTEPOL TRUJILLO, encargada de las compras en la mencionada MACREPOL, no exigió que los proveedores cuenten con experiencia en el rubro, beneficiando a proveedores «todo terreno», según lo detallado en el expediente del Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido contra el general Lucas Núñez, exjefe de la MACREPOL LL-A, y que incluye a otros 7 oficiales y 3 suboficiales.

Precio de referencia direccionado

Además, los investigadores descubrieron que en el expediente de contratación del mencionado proceso, no existen las solicitudes de cotización de bienes de aquellos postores que participaron en el procedimiento de selección y no fueron adjudicados con la buena pro, esto revelaría que no existió forma de establecer un precio de referencia del servicio, al no tener 2 o más cotizaciones que se sometan a comparación. Se ha comprobado, que solo se habría invitado a cotizar a los proveedores que forman parte del consorcio ganador. Ayda León de Pretel (Consorciada con SEG Contra Incendios SECOIN EIRL), Luzgardo Javier Sánchez Tiznado (Consorciado con San Antonio Group SAC), Construcciones y Servicios Generales LUNIC SAC (Consorciada con Empresa de Saneamiento Ambiental GAEL Áncash SAC) y K & C Trading Group SAC (Consorciada con Fumigadora fueron notificados puntualmente. Esta irregularidad deberá ser aclarada por el SO2 PNP Wilson Ciro Llamo Corrales, cotizador de la III Dirtepol Trujillo.

Autorización del MINSA

También se habría omitido requerir en las bases administrativas del proceso, el requisito de autorización de Salud correspondiente a los proveedores, para realizar el servicio de desinfección. Los peritos de la Oficina de Asuntos Internos han determinado que pese a que la contratación de las empresas no se dio en un proceso de selección, esto no es impedimento para que se exija los requisitos establecidos por ley. Teniendo en cuenta que el proceso incluía el item de fumigación, los proveedores contratantes debían contar con licencia municipal de funcionamiento, este requisito tampoco fue incluido.

Cotizaciones «todo terreno«

Las irregularidades continúan y se agravan con las diligencias investigadoras y todo apunta a que existió toda una red de corrupción al interior de la Macre Región Policial La Libertad – Áncash. Durante la indagación de mercado del proceso de contratación de los servicios de desinfectacción, se habría solicitado cotizaciones a empresas que no contaban con la autorización para prestar este servicio. La Oficina de Asuntos Internos señala que el comandante PNP Raúl Tapia Aranda, jefe del Área de Logística y el SO2 PNP Wilson Ciro Llamo Corrales, determinaron el valor del servicio usando cotizaciones de personas naturales y jurídicas que al momento de postular no estaban autorizadas para brindar el servicio de desinfección.

Oferta individual y servicio consorciado

Otro hecho grave advertido en el expediente del Procedimiento Administrativo Disciplinario, es que en este proceso se permitió la participación de consorcios, sin las formalidades establecidas en la Directiva N° 005-2019 del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Como lo hemos revelado en este informe, los proveedores fueron invitados a presentar cotizaciones de manera individual y participaron en el proceso formando consorcios, lo que está prohibido por la Directiva N° 004-2019-OSCE/CD.

«En el expediente de contratación no obra ni promesa ni contrato de consorcio con aquellas empresas que serían las autorizadas para efectuar la prestación del servicio de desinfección , motivo por el cual, dichas cotizaciones no debieron ser tomadas en cuenta durante la indagación de mercado.», reza el expediente sancionador.

«En consecuencia, al haberse realizado la indagación de mercado con cotizaciones de proveedores que no demostraron encontrarse facultados para la prestación del bien, el resultado no refleja la situación real de las condiciones de mercado», añaden los investigadores.

Las irregularidades presentadas por este medio indicarían que el Proceso de Contratación Directa N° 15-2020-III-DIRTEPOL-T estuvo direccionado a las empresas todo terreno de las familias Pretel y Puente y para lograr que eso suceda, desde la III Macro Regió Policial La Libertad – Áncash se cometieron varios vicios administrativos y legales, que en los próximos meses pasarán factura al general Lucas Núñez y su personal de confianza.

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