El pasado 21 de abril de 2020, Macronorte presentó de manera formal ante el Congreso de la República una solicitud de acceso a la información pública, para obtener una copia del legajo profesional de los trabajadores de los despachos congresales de los legisladores liberteños Anthony Novoa, Lenin Bazán, Miguel Vivanco, Carmen Núñez Marreros, Mariano Yupanqui, Tania Rodas y Luis Valdez.

La respuesta del Poder Legislativo llegó después de un mes, la carta N° 93-2020-DGA/CR indica que la información solicitada es considerada como confidencial y se hace referencia a la Resolución N° 059-2008-2009 de la Presidencia del Congreso de la República, que establece la reserva de este tipo de informaciones. Este documento firmado por el Director General de Administración del Congreso de la República, Felipe Noblecilla Pascual, resume el informe realizado por el área de Recursos Humanos del Legislativo ante nuestro pedido.

Según el Informe N° 268-2020-DRRHH-DGA/CR elaborado por la jefa del Departamento de Recursos Humanos, Sonia Polino Valverde, el pedido de Macronorte debe ser rechazado por que colisiona con lo establecido en los artículos 13° y 15° de la Resolución N° 059-2008-2009 de la Presidencia del Congreso de la República, emitida el 13 de julio de 2009, y que dictaminan que «se clasifica como confidencial la información que posee el Servicio Parlamentario y que puede afectar la intimidad personal y familiar de los congresistas, parlamentarios andinos, trabajadores, cesantes y pensionistas de esta entidad».

Para el especialista en Políticas de Transparencia Pública, Efraín Sánchez, el Congreso comete una arbitrariedad al negar el acceso público de los legajos profesionales de los trabajadores de los despachos congresales.

«La Ley de Transparencia establece que para amparar una excepción, esta excepción tiene que estar en un dispositivo legal que tenga rango de ley y que este dispositivo legal sea aprobado por el Congreso, o sea una ley congresal. La Resolución N° 059-2008-2009 de la Presidencia del Congreso de la República, no cumple este requisito y la fundamentación del documento es insuficiente, porque no se está describiendo de qué manera afectaría la intimidad de las personas el divulgar su preparación técnica.», señaló el especialista en Acceso a la Información Pública.

«Analizando el caso en concreto, en el legajo del trabajador hay datos personales es cierto, pero también hay datos de acceso público, como cuál es el historial de desempeño en la función pública que puedan tener, y esto es de interés público. La opinión pública merece saber si estos cargos se entregan en base a meritocracia y si quienes consiguen esos puestos son personas calificadas.», agregó

El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre casos similares, donde las instituciones han reservado la información del legajo de los trabajadores, así lo explica Sánchez La Rosa.

«En el caso de los funcionarios públicos hay una sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la hoja de vida de los funcionarios, en el sentido de que establece lo siguiente: es un caso del 2014, en el que se falló en un caso en que se pedía la hoja de vida y la preparación técnica que había tenido un director de UGEL y el TC dijo que este servidor tenía una doble condición, de persona y servidor público, no desconocemos su derecho a la intimidad, pero desde el momento que accedió al cargo público, está priorizando ese interés que tienen todas la personas y más los padres de familia, porque como es director de Ugel, deben conocer la calidad de especialización de la persona que ostenta esa función. En consecuencia, a través de la figura legal denominada la ponderación de derechos, se prioriza el interés público», agregó el abogado.

Otra sentencia del TC establece que en un documento que se solicita puede existir información pública y privada, o sea ambos a la vez, y eso no significa que la institución te la tenga que negar. Al contrario, ellos deben tachar los datos que consideren personales y entregar la información que es pública, que exista una dirección de domicilio, números telefónicos, información sobre cuentas de AFP, no convierten en confidencial la totalidad de un documento.

En los últimos días, Macronorte ha difundido información reveladora sobre los integrantes de los despachos congresales de los 7 legisladores de La Libertad. Como parte de nuestra labor informativa presentamos la relación completa de los trabajadores que acompañan a los congresistas en su labor legislativa, la contratación en el despacho de Lenin Bázan de dos de sus candidatos de lista y la comprobación de que muchos de los que ocupan las plazas de asesores, técnicos, asistentes y coordinadores parlamentarios fueron impulsores activos o asesores de las campañas de los ahora padres de la patria.

Conocer el legajo de los trabajadores de los trabajadores del Congreso permitiría establecer si quienes ocupan las plazas en este poder del Estado, son los más calificados o prima el pago de favores políticos y la «solidaridad» partidaria.

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