Ante las presuntas irregularidades detectadas en la gestión del exalcalde Daniel Marcelo Jacinto durante la pandemia de la COVID-19; el contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, visitó Trujillo para sostener una reunión de control gubernamental con el alcalde provincial José Ruiz Vega y los regidores, quienes expusieron todo lo hallado hasta la fecha.

El burgomaestre solicitó a Shack Yalta que la Contraloría realice un control concurrente al momento de adquirir bienes y servicios del proyecto integral de salud, que contempla la puesta en funcionamiento de la planta de oxígeno móvil, dos consultorios rodantes, equipos electrógenos, combustible y personal de salud; así como reparación de la planta de oxígeno recientemente donada. Añadió que se encuentran trabajando para destrabar las inversiones a fin de aumentar el nivel de gasto público del municipio. El funcionario nacional aceptó formalizar este pedido.

Fueron dos los informes que alcanzó el regidor y presidente de la comisión fiscalizadora de adquisiciones por la COVID-19, Andree Gallo Lezama, al contralor Shack. El primer caso trató sobre la compra de productos de limpieza y herramientas, cuyas entregas aparentemente no cumplían con las especificaciones técnicas, y la presunta sobrevaloración sumaría S/ 19 mil. El segundo caso remitió a la compra de 624 canastas de alimentos para los trabajadores que tampoco cumplían especificaciones técnicas, con una presunta sobrevaloración de S/ 12 mil.

Tampoco se pasó por alto la presunta desaparición de 2 mil pruebas rápidas de detección de coronavirus para los trabajadores municipales.

Por su parte, los regidores Sergio Vílchez Neyra y Hernán Aquino Dionisio explicaron al contralor sobre presuntas irregularidades en obras municipales, donde existirían fraccionamiento en la contratación de bienes y servicios. Mientras, la concejala Olga Cribilleros Shigihara dio cuenta de las presuntas sobrevaloraciones encontradas en la adquisición de bienes para reducir los efectos del Fenómeno de El Niño del 2019.

Yalta resaltó la labor de los regidores e indicó que sus informes serán tomados en cuenta para la programación de casos para lo que resta de este año, más aún cuando desde agosto pasado se retomaron las investigaciones que no están relacionadas a la COVID-19. Se indagará la legalidad de lo actuado, dijo.

A su vez, anunció que los Órganos de Control Interno de los municipios provinciales pasarán a la Contraloría en enero del próximo año, situación por la cual fortalecerán la labor fiscalizadora de los regidores.

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