La oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad instó a la Secretaría Técnica a cargo del Gobierno Regional a convocar a sesión a la Comisión Regional Anticorrupción, a fin de evaluar las acciones de prevención y lucha contra la corrupción en esta región. Este requerimiento se realiza tras conocer el último reporte de la Contraloría General de la República que revela que en la región se han perdido 600 millones de soles por actos de corrupción.

Es preciso recordar que las comisiones regionales anticorrupción son instancias fundamentales para la adecuada implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, en tanto permiten enfocar sus objetivos al ámbito regional y actuar en función de su problemática y circunstancias específicas; asimismo, facilitan la ejecución de actividades coordinadas con las instituciones vinculadas con el sistema anticorrupción.

Por tal motivo, es importante que la Secretaría Técnica de la Comisión convoque en el más breve plazo posible a los miembros de la Comisión Regional Anticorrupción para evaluar el plan de trabajo y establecer en conjunto las medidas que pueden frenar el uso indebido de los recursos públicos en La Libertad.

“Es importante revisar el plan anual de la Comisión Regional y adaptarlo al escenario actual, a fin de priorizar las acciones que ayudarían a mejorar y controlar el proceso de compras en etapa de emergencia y la oportuna investigación y sanción a los que cometan actos de corrupción” indicó José Luis Agüero, representante de la Defensoría del Pueblo en La Libertad.

Cabe señalar que la Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad está conformada según Ordenanza Regional N° 010-2015-GR-LL/CR (modificada por ordenanza N° 002-2016-GRLL-CR) por el gobernador regional, quien la preside, el presidente del Consejo Regional, presidente de la Corte Superior de Justicia, presidente de la Junta de Fiscales Superiores, procurador público Anticorrupción Descentralizado y un representante del Consejo Municipal provincial. Además de contar con un secretario técnico y, en calidad de observadores, el gerente de Control de La Libertad, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo y un representante del sector empresarial.

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