Inspeccionan operaciones mineras ilegales en Cerro El Toro por desacatar disposición regional

0
617

La Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad ejecutó una inspección inopinada a las operaciones mineras ubicadas en los caseríos de  Coigobamba y Shiracmaca, en el  cerro El Toro (Huamachuco), que fueron excluidas del Registro Integral De Formalización Minera  (REINFO); sin embargo,  continúan con sus actividades extractivas poniendo  en riesgo la salud de la población y contaminando el medio ambiente.

En un reciente informe, el ente regional confirmó que la empresa Minerals Doña Julia S.A.C, de propiedad de Jorge Espejo Moreno,  continúa con sus operaciones extractivas ilegales de oro  poniendo en riesgo la vida de sus trabajadores y generando altos niveles de contaminación en la zona. Y lo que es peor, utiliza y contamina las aguas del caserío de Shiracmaca, sin que los dirigentes de la zona tomen acciones al respecto.

Lo grave del asunto es que esta empresa  continuó operando,  desacatando de esta forma la medida cautelar dictada en su contra mediante resolución N.° 140-2020 -GRLL-GGR/GREMH de fecha 01 de Junio 2020 que ordenaba la inmediata suspensión de sus actividades.

La intervención del ente regional también se ejecutó debido a que Minerals Doña Julia S.A.C es investigada por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de La Libertad por el presunto delito de minería ilegal.

Durante la inspección, los funcionarios del área de Fiscalización de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos encontraron gente trabajando sin respetar los protocolos sanitarios dispuestos por la Covid-19. Además, se evidenció que la citada empresa pone en  grave riesgo la vida de su personal  debido a que no cuentan con todos sus Equipos de Protección Personal (EPP) y, sobre todo, porque extraen el oro al interior de un  socavón cuya estructura es inestable y están expuestos a inhalar gases tóxicos.

En el informeN° 0003 – 2020 -GRLL-GGR/GREMH-JJRR-MFIR también se alertó que los residuos sólidos de los químicos que usan para extraer el mineral no se depositan en recipientes adecuados. Incluso, el vertimiento de agua con sustancias tóxicas y el lugar donde se almacenan los  relaves no cuenta con las mínimas medidas de seguridad para el cuidado del medio ambiente. 

Asimismo, según el informe, se advierte que tampoco se ha implementado protección a fin de prevenir que las aguas de las lluvias arrastren los sedimentos de relaves y estos lleguen a un  canal de regadío que se ubica al pie de la operación minera.

Eso no es todo. El suelo donde se ubican las pozas de oxidación  al parecer no está impermeabilizado para prevenir que el agua a consecuencia de las lluvias se filtre al subsuelo.

El informe concluye que la labor minera Minerals Doña Julia S.A.C, según consta en el documento, no cuenta con  las mínimas medidas de seguridad para el cuidado del medio ambiente, y de seguridad y salud ocupacional en minería. 

Señala, además, que la actividad minera que se viene realizando es informal.   En ese sentido,  se dispone comunicar a la  mencionada empresa, la paralización inmediata de sus operaciones de explotación subterránea y se inicie un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS)  debido al inadecuado manejo de los residuos sólidos.

Los infractores, entre ellosel propietario de Minerals Doña Julia”,  Jorge Espejo Moreno, solicitó, mediante un oficio, a la consejera regional Jennifer Catalán “evalúe y emita sus buenos oficios” ante el gobernador regional Manuel Llampén con el objetivo de destituir de su cargo al  Gerente Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad,  Ing. Raúl Araya Neyra,  quien autorizó estos operativos.

Las labores mineras informales e ilegales, además de incumplir con las exigencias propias de una actividad minera, contaminan el agua de Shiracmaca. Y por eso se ha ordenado paralizar la actividad en estas labores mineras informales e ilegales que representan riesgo para la población. En Shiracmaca la minería ilegal cobra muertes por la precariedad laboral y los riesgos de socavón, sin que autoridades como la consejera regional pida la intervención de los organismos competentes.