PJ evaluará apelación de periodista trujillano sentenciado a pagar S/70 mil a exmagistrado

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El Tercer Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad este jueves a las 2:30 pm. realizará la audiencia virtual de apelación de sentencia que ordenó el pago de una cuantiosa indemnización por parte del periodista trujillano Igor Ybáñez Gamboa, junto al diario La República, por supuestamente mellar el honor del exjuez suplente de la provincia de Ascope, Víctor Hugo Albán Rivas, por haber publicado un artículo referente a su suspensión en el 2013.

El año pasado el Poder Judicial de La Libertad ordenó al periodista, junto a La República, pagar solidariamente 70 mil soles a favor del exmagistrado. Como se recordará, en el 2013 el periodista publicó en el diario La República una nota sobre la suspensión del magistrado por la demora en resolver casos, conforme a una investigación que venía haciéndole la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad (ODECMA-LL).

La magistrada del Tercer Juzgado Civil, Karla Mónica Llontop Romero, será la encargada de escuchar el informe oral de los abogados de la parte demandada y el demandante.
En ese sentido, Alfredo Galindo Peralta, abogado del hombre de prensa, indicó que se ha solicitado la nulidad de la sentencia contra Ybáñez Gamboa, debido a que carece de elementos objetivos para calificar el daño moral en su decisión judicial.

«En la sentencia no se ha acreditado el daño causado hacia Albán Rivas. Su suspensión del cargo no ha sido producto de la información dada por el periodista, sino por la sanción impuesta por la ODECMA”, refirió el letrado, quien además es el primer vicedecano del Consejo Directivo Regional del Colegio de Periodistas de La Libertad.

Asimismo, Galindo sostuvo que «el daño moral no está acreditado porque objetivamente no se ha comprobado que al juez le haya causado perjuicio la noticia publicada en La República; no existe un examen psicológico practicado al demandante quien tampoco ha sufrido desmedro en su carrera profesional, sino al contrario, el año 2015 logró ser nombrado como Fiscal Provincial Penal Titular en Ancash. En todo proceso judicial de esta naturaleza se tiene que demostrar el daño moral, el perjuicio, lo cual no ha ocurrido”.

“No hay jurisprudencia en la que base la decisión de la sentencia, es decir, carece de la debida motivación. Su análisis narrativo es una interpretación unilateral, sesgada… en la noticia no hay insultos ni ofensas. Supongamos que el titular sea impreciso, ambiguo, pero en el contenido lo detalla, lo explica. Si esto queda así, es peligroso para todos, principalmente para el ejercicio de la libertad de expresión e información”, dijo Galindo.

En tanto, el periodista Igor Ybáñez remarcó que de confirmarse la sentencia sería un mal precedente contra la prensa y la libertad de expresión, ya que los periodistas ser verían limitados en su función en fiscalizar a los funcionarios públicos. “Mantener esta sentencia de primera instancia podría servir de sustento para desacreditar el trabajo de otros periodistas que cumplen su labor de someter a escrutinio la labor de las autoridades”, agregó.

El periodista explicó que su nota recogió la información propalada por el órgano de control judicial sobre los motivos de la suspensión del juez. También dijo que en la nota periodística no hubo ninguna intención de mellar el honor del magistrado. «La sentencia al cual hemos apelado con mi abogado me hace responsable de una conducta antijurídica por haber publicado una información que proporcionó la ODECMA a mí y a otros periodistas. El mismo jefe del órgano de control realizó declaraciones públicas sobre el caso que fueron recogidas por La República y otros medios», sostuvo el periodista.

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) expresó su preocupación por sentencias y juicios contra periodistas que muchas veces tienen por objetivo silenciar a la prensa que fiscaliza la función pública.