La minería ilegal genera millones de soles al año y en La Libertad se ha convertido en una de las industrias criminales más lucrativas.
En febrero del año pasado, la Policía Nacional del Perú realizó un megaoperativo en socavones ubicados en el distrito de Parcoy, en Pataz y se extendió a otras regiones del Perú. En esa ocasión fueron detenidas 18 personas que fueron acusadas por estar involucradas a una red criminal dedicada al lavado del oro ilegal que obtenía ganancias de más de US$ 12 millones al mes por la venta de este mineral.
Luego de ese megaoperativo, que contó con la participación de la Fiscalía del Crimen Organizado Especializada en Delito Ambiental – Lima, los investigadores revelaron que los delincuentes utilizaban al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) del Ministerio de Energía y Minas como “escudo protector”.
Esta acción develó el mecanismo que utilizan las mafias organizadas para legalizar el oro extraído de lugares prohibidos. En la provincia de Sánchez Carrión, el cerro El Toro, uno de los focos de minería ilegal, no se escaparía del accionar de estas organizaciones.
Ante la inminente intervención de las autoridades para erradicar esta ilícita actividad, los mineros ilegales habrían recurrido a una vieja modalidad para lavar su dinero, el mismo que está manchado por la muerte de 180 personas al interior de socavones en los últimos años.
Aunque para las autoridades seguir la ruta del dinero proveniente de la minería ilegal es casi imposible, según fuentes policiales, han identificado que mineros ilegales están vinculados a la construcción de colegios, hoteles y establecen empresas de diversos rubros.
Brillante fortuna
Oswaldo Alva Polo, pastor evangélico, es uno de los personajes más cuestionados por dedicarse a la minería al parecer de manera irregular en el cerro El Toro (Huamachuco). Es investigado por la muerte de 8 mineros al interior de un socavón en el 2019; además, fue excluido del REINFO por no cumplir los requisitos de acuerdo a ley, y tiene abiertos varios procedimientos sancionadores de la Gerencia Regional de Energía, Hidrocarburos y Minas de La Libertad por trasgredir las normas de protección ambiental, contaminar el agua y poner en riesgo a sus trabajadores y a la población.
Mientras hace de las suyas en Huamachuco, Alva Polo figura como el flamante socio fundador y actual gerente general del Consorcio Educativo Gamaliel SAC con RUC N° 20559503852 y con un capital social de S/. 75,000.00 soles, al cual pertenece Eiffel Schools. También es socio fundador y gerente general de la empresa Transportes El Agape S.A.C con RUC N° 20482760326 con un considerable capital social de S/. 274,000.00 soles. Ambas tienen su domicilio en la calle Carlos Baca Flor de la Urb. Santo Dominguito, Trujillo.
El religioso, además, es dueño de una planta procesadora de oro a faldas del cerro El Toro. La fortuna del pastor ha causado el asombro de los pobladores de la zona que cuestionan cómo pudo financiar estas operaciones. Incluso, hace unas semanas Alva Polo pretende ser elegido como “agente municipal” del caserío de Shiracmaca. Se trata, sin duda, del nuevo recurso de los mineros ilegales de Huamachuco: convertirse en autoridades para presionar al municipio, alertaron los pobladores.
Se va a cumplir un año del megaoperativo que realizaron la Policía Nacional de Perú y la Fiscalía del Crimen Organizado Especializada en Delito Ambiental – Lima. Un año y las cosas no han cambiado en Huamachuco y al interior de la sierra liberteña donde los mineros ilegales depredan el medio ambiente, explotan laboralmente a menores de edad y trafican con la dinamita que mató en noviembre pasado a dos niños.
Mientras eso sucede, surgen colegios, empresas, hoteles y varios negocios con el propósito de lavarle la cara a una actividad que lleva sobre sus hombros desgracia y muerte. Una actividad llamada minería ilegal y que, aparentemente, compra más de una conciencia, lamentaron los pobladores.
