La minería ilegal ha dejado al menos unos 20 muertos hasta julio de este año a consecuencia de derrumbes en socavones, asfixia por gases tóxicos y por  enfrentamientos entre mafias mineras al interior de la sierra de La Libertad. La cifra incluye a menores de edad explotados en labores ilegales que proliferan en la sierra liberteña.

Según reporte de la PNP, la mayoría de muertes  se registraron en Otuzco y  en el cerro El Toro, Huamachuco. En este último lugar de la provincia de Sánchez Carrión, el 90 %  de muertes han quedado impunes. Allí diez mil o veinte mil soles vale una vida. Un “tarifario de cadáveres” que manejan las mafias mineras para comprar el silencio y evitar que se denuncie el hecho a las autoridades.

El caso de  cuatro mineros que murieron  en un socavón ilegal de Huamachuco, el pasado 5 de mayo, también corre el  riesgo de quedar impune. Las víctimas perdieron la vida al inhalar gases tóxicos. Esa noche, sin equipos apropiados y carentes de máscaras especiales, ingresaron a las entrañas de la tierra para no volver jamás. 

Los deudos hasta ahora no encuentran justicia.  “Me ofrecieron 15 mil soles por el cadáver de mi esposo y para obligarme a no denunciar”, ha declarado Lidia Ángela Roque Vargas, esposa de Merardo Fernández Acevedo.  “Mi esposo sabía que trabajaba para un minero ilegal. Es más, no le daban ni mascarillas para trabajar”, denunció.

El día de la tragedia, según denunciaron los deudos, el dueño de Minerals Doña Julia,  Jorge Espejo Moreno, ordenó a su gente cerrar la entrada con trancas y que pusieran las camionetas en el exterior del socavón para no dejar entrar a nadie.  Al día siguiente, un video mostraba cómo sacaban los cadáveres del socavón ilegal durante la madrugada.  A oscuras como suele suceder en ese lugar.

Tres meses después se sabe lo que ocurrió realmente aquella noche de mayo. Gracias a una investigación obtuvieron un video de cómo sacaron los cadáveres, uno de ellos era de Merardo Fernández Acevedo. En las imágenes se aprecia, cómo envuelven el cuerpo en frazadas y lo levantan sin la presencia de las autoridades, para luego subirlo en una furgoneta. 

Resulta increíble que los funcionarios del Ministerio Público no hayan encontrado un solo culpable a pesar de las evidencias existentes en ese momento y que hoy salen a luz a través de fotos, video y el testimonio de Lidia Ángela Roque Vargas. Su historia coincide con las versiones de otros deudos, silenciados por dinero.

Los familiares cuestionaron  también la ineficacia del fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Sánchez Carrión,  Ronald Urrutia Castillo, quien adujo no haber encontrado los cuerpos en el lugar de los hechos para realizar las investigaciones.  Mientras tanto, los cadáveres estaban siendo trasladados a Cajabamba y Jorge Espejo clausuraba su socavón para evitar una inspección. “Ni el fiscal, ni los policías actuaron con decisión. Prefirieron quedarse de brazos cruzados”,  lamentaron.

A pesar de ello, Jorge Espejo Moreno, sigue  libre y caminando tranquilo en Shiracmaca. Incluso quiere ser presidente de ronda en el mencionado caserío. De igual forma, Oswaldo Alva Polo, agente municipal.

Ambos, y los hermanos Sánchez Ballena, tienen una medida cautelar de suspensión de todas sus actividades mineras, emitida por la Gerencia Regional de Energía y Minas de La Libertad a través de la resolución 0266-2020-GRLL-GGR/GREMH. Pero siguen haciendo de las suyas en una zona infestada de mineros ilegales ante el desinterés  del Ministerio Público para intervenir en cerro El Toro.  

Estos decesos  se suman a las más de 100 muertes que han quedado en el olvido y cientos de folios refundidos en cajones en los últimos años.  Sin embargo, para Lastenia Acuña, Fiscal Provincial Titular Especializada en Materia Ambiental, la minería ilegal en Huamachuco no representa una amenaza ya que solo involucra a 500 personas. Ignorando los delitos que genera  esta actividad ilegal, además del tráfico de explosivos y cianuro.

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