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La conformación de una comisión que investigue el proceso de elecciones generales del 2021 sobre los presuntos actos de corrupción y cualquier otro tipo de delito, que involucren a funcionarios y servidores públicos; asimismo a cualquier persona natural que resulte responsable de haber atentado contra el orden electoral y la voluntad popular.

Así lo señala el congresista Jorge Montoya Manrique (RP), en su Moción de Orden del Día N.° 028, presentada el pasado 6 de agosto.

De igual manera, propone al Congreso de la República “las modificaciones a la legislación electoral destinadas a determinar los vacíos legales y el posible aprovechamiento de vacíos, que habrían sido usados para cometer las presuntas irregularidades”.

El parlamentario señala que, durante el proceso de elecciones generales de 2021, tanto en la primera vuelta, celebrada el 11 de abril, como en la segunda del 6 de junio, “se suscitó una serie de hechos que han puesto en tela de juicio la transparencia e integridad del proceso electoral, viéndose ensombrecido de dudas por la existencia de presuntos actos de corrupción”.

De igual manera, indica que después de finalizada la primera vuelta electoral, los representantes de los partidos políticos de Renovación Popular y Victoria Nacional denunciaron públicamente haber sido víctimas de un presunto robo de votos, falsificación de actas, entre otros.

Aseveró que recurrieron a las autoridades electorales competentes para exigir la revisión completa de todas las actas de la primera vuelta de las elecciones generales del 2021, pero que su pedido fue desestimado por los órganos del sistema electoral.

En el caso de la segunda vuelta -señaló- el partido Fuerza Popular denunció presuntas irregularidades en el proceso electoral en muchas mesas de votación en beneficio de Perú Libre. De ello, sostiene, presentaron evidencias en conferencia de prensa.

En ese sentido, señaló la presunción de presuntas falsificaciones de firmas en las actas e impugnaciones donde FP habría ganado la votación, entre otras.

Refirió que, pese a haberlo solicitado, no se han exhibido las actas y el padrón de votación; y no se ha considerado la realización de una auditoría externa de la OEA.

En el documento presentado al Congreso, Montoya Manrique explica que estos hechos han generado un descontento general, lo cual se ha reflejado en un estudio de campo realizado por la encuestadora Datum del 16 al 17 de junio de este año, en el que el 65 % de la población percibe la existencia de un fraude electoral.

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