En sesión extraordinaria, el pleno del Consejo Regional de La Libertad aprobó el informe presentado por la comisión que recoge la problemática de la minería ilegal en el cerro El Toro, Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión. El informe fue aprobado por mayoría, sin embargo la consejera por esta provincia andina, Jennifer Catalán, se abstuvo de emitir su voto aduciendo que existía una serie de incongruencias.
El documento sustenta la necesidad de intervenir la zona a fin de frenar esta actividad ilícita que genera graves estragos al medioambiente, a las comunidades y causó la muerte de cerca de 100 personas en los últimos años en esa provincia del ande de La Libertad.
Asimismo, el informe revela el avance de la minería ilegal y el incremento de diversos delitos como el tráfico de explosivos, de insumos químicos, trata de personas, lavado de activos, explotación laboral que incluye menores de edad, sicariato, así como una total ausencia de protocolos sanitarios contra el covid.
“Se realizan estas actividades sin ningún criterio técnico y ahora con la pandemia sin criterio sanitarios. Las labores ilegales no cumplen los protocolos de salubridad y de seguridad. Aquí casi a diario las personas mueren por derrumbes, asfixiados y hasta la fecha la minería ilegal ha generado casi 100 muertes por diferentes causas”, enfatizó el consejero Greco Quiroz, presidente de dicha comisión investigadora.
El documento también señala que la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad identificó más de 42 mineros ilegales que operan en el lugar y, tras una serie de inspecciones, advirtió que utilizan cianuro a tajo abierto, vierten los residuos en los cauces y manantiales ocasionando daños irreparables a los sembríos, el ganado y la salud de las comunidades aledañas.
Si bien el proceso de formalización minera comenzó hace algunos años, en Huamachuco ninguno logró culminar el proceso al no presentar su instrumento de gestión ambiental. Es más, el ente regional de minas dispuso suspender las actividades mineras ilegales en el cerro El Toro. Disposición que las autoridades locales no han logrado hacer cumplir. Labores como Minerals Doña Julia, otra de propiedad Fernando Polo Espejo, al igual que el pastor Oswaldo Alva Polo, continúan operando, según advirtió Quiroz.
La autoridad regional recalcó que con la aprobación de este informe se procederá a remitir la información al Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Interior, Ministerio Público, así como al presidente del Consejo de Ministros y demás organismos competentes, con el fin de solicitar la interdicción de cerro El Toro en el más breve plazo ante el desolador panorama.
Asimismo, el informe sugiere formar una mesa de diálogo y que el Gobierno Regional de La Libertad deberá iniciar las acciones legales y el seguimiento de los casos penales existentes sobre minería ilegal y otros delitos conexos en esta provincia andina. También recomienda solicitar que una Fiscalía especializada investigue las muertes que generan los ilegales. Además, sugiere requerir a la SUNAT establecer dos puntos de control permanente al ingreso de la sierra liberteña, con apoyo del Ejército, para frenar el tráfico de explosivos e insumos químicos.
Se enfrentan
Durante su intervención, Greco Quiroz anunció que reportará ante la Comisión de Ética a la consejera, Jennifer Catalán, al aducir que las autoridades de Sánchez Carrión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) podrían ser denunciadas por usurpación de funciones al aprobar previamente el informe. Quiroz aclaró que las autoridades locales solo respaldaron el documento tras ser socializado en una reunión el pasado 10 de agosto en Huamachuco.
Catalán fue cuestionada por sus colegas en plena sesión y no dijo absolutamente nada de las muertes en los socavones ilegales de Huamachuco. Ni de las viudas amenazadas por los ilegales para que guarden silencio. Tampoco de la explotación infantil, ni de las mujeres y hombres que trabajan por veinte soles diarios en socavones de los ilegales.
“Habrá que hacerle recordar que pidió licencia para postular, tal vez por eso no asistió a las reuniones de la comisión. ¿No sé a quién defiende?, ¿No escucha el llanto de esas madres de los niños que han muerto? ¿Acaso 15 mil soles valen la vida de una persona, de un niño? En su provincia todas las autoridades se han puesto de pie contra la minería ilegal y usted debió ser la primera de estar allí, así no la inviten”, cuestionó por su parte el consejero David Calderón.
Con esta medida los pobladores esperan que se acelere y se retomen las acciones para poner fin a esta desoladora realidad que se ha extendido por la pasividad de las autoridades, especialmente las que pertenecen al Ministerio Público.
