El Poder Judicial anuló el pedido de tutela de derechos expuesta por la defensa legal del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, en la investigación preliminar que afronta en por el caso Lava Jato.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, investiga al excandidato presidencial y al exparlamentario Luis Valdez Farías, por los presuntos delitos de cohecho pasivo, colusión y negociación incompatible.
Se considera que existe la necesidad de esclarecer los hechos e identificar a los funcionarios que han sido beneficiados con la entrega del dinero ilícito que implica a los dos exgobernadores regionales de La Libertad y otros que se encuentran comprendidos en la investigación.
Esta investigación se encuentra aún en fase preparatoria, a fin de reconstruirla hasta donde sea posible y así analizar si se trata de un hecho delictivo o no, y si se dan los supuestos para la aplicación de la ley penal a un determinado sujeto. Sin embargo, dicha instancia judicial solicitó a la representante del Ministerio Público efectúe la aclaración referida a los cargos imputados por el delito de usurpación de funciones, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control.
La acusación contra de Acuña Peralta se argumenta en dos hechos: el primero es la suscripción de la Adenda N.° 01 al contrato de concesión para el diseño de construcción, operación y mantenimiento de obras hidráulicas mayores del proyecto Chavimochic con la finalidad de ampliar el plazo para el cierre financiero hasta por 6 meses adicionales, que finalmente amplía el plazo a 18 meses.
Mientras que el segundo hecho es la no solicitud oportuna de la ampliación de plazo para la entrega de la totalidad de terrenos, a lo que se ha dicho que existe confabulación entre el expresidente regional con los directivos de la empresa brasileña Odebrecht.
Cabe resaltar que en julio del 2019 el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Acuña y Valdez por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible, cohecho pasivo propio y usurpación de funciones, por las irregularidades en la adjudicación y ejecución de la obra de irrigación en dicha región. Pero, para las defensas legales de Acuña Peralta y Valdez Farías la Fiscalía no había cumplido con detallar los hechos y las razones por los cuales se le atribuían dichos cargos, por tal motivo interpusieron tutelas de derechos.