«Acabo de firmar un documento dando 15 días de plazo al consorcio a cargo del proyecto inmobiliario Virú Mar para que informe por qué no iniciaron su construcción y responda por otras observaciones hechas por la Contraloría en su examen de cumplimiento. Si no justifican de acuerdo al contrato, iniciaremos las acciones que correspondan para su anulación», dijo el gobernador regional Manuel Llempén coronel.
Estamos pendientes que se haya dado el cumplimiento de todos los artículos de los Contratos de Desarrollo Inmobiliario y de Compraventa de Bien Inmueble para el Desarrollo del proyecto inmobiliario con Compromiso de Inversión del Proyecto Virú Mar, así como de las recomendaciones por otras observaciones de la Contraloría, aseguró la autoridad regional.
Llempén precisó que el expediente de esta iniciativa privada, incluyendo el contrato y todo lo actuado, fue solicitado por la Contraloría para su análisis y que al final emitieron un informe en el que no se identifica ni especifica ningún acto de corrupción.
“Lo que se ha encontrado son negligencias administrativas y por eso estamos iniciando los procedimientos correspondientes”, puntualizó.
Con estas declaraciones la autoridad regional no estaría diciendo toda la verdad, debido a que los informes de Contraloría no tienen como función dictaminar si hubo o no hechos de corrupción en los casos que investigan, eso es función del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Omite señalar Llempén Coronel, que el informe de Contraloría asigna responsabilidad administrativa y penal a varios de sus funcionarios entre ellos la actual gerente general adjunta Maritza Hurtado Castro y Nelson Lozano Ibáñez, quien sigue en el cargo de gerente de Asesoría Legal del Gobierno Regional de La Libertad. Y también responsabilidad administrativa y penal en el exfuncionario Jesús Torres Saravia, entre otros.
El organismo fiscalizador ha enviado el informe a la Procuraduría Pública Regional para el inicio de las acciones legales que lleven a determinar las responsabilidades delictivas en el caso, que estarían enmarcadas en delitos de corrupción de funcionarios.
