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Las muertes que se han registrado a consecuencia de la letal minería ilegal siguen  quedando bajo la sombra de la impunidad en el cerro El Toro, en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión.  El caso de los cuatro trabajadores que fallecieron al interior de un socavón ilegal en esta parte del ande liberteño va por ese camino.

La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Sánchez Carrión decidió archivar la investigación por la muerte de los hermanos Alejandro Paulino Valderrama Altamirano, Esteban Hipólito Valderrama Altamirano, Ricardo Valderrama Altamirano y Merardo Fernández Acebedo, quienes perdieron la vida en mayo en el socavón de Minerals Doña Julia, empresa que pertenece a Jorge Espejo Moreno.

De acuerdo con la resolución, el fiscal Ronald Urrutia Castillo expone, a través de 23 folios, que no hay motivos para formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Jorge Espejo Moreno por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo. Urrutia considera,  aunque parezca increíble,  si hubo muertos en el predio de Minerals Doña Julia  no se ha determinado si fue por inhalación de gases tóxicos o por un derrumbe en el socavón ilegal o por otros motivos.

Pese a  todas las evidencias de la muerte de las víctimas, para el Ministerio Público no hay muertos, ni culpables.  En el documento, el fiscal sostiene que no hubo necropsias ni hay certificados de defunción en donde se señale la causa de las muertes. Además, se lee que familiares de Medardo Fernández Acevedo alegaron que falleció por neumoconiosis a causa de inhalación del polvo mineral y se opusieron a las diligencias. Por lo tanto, no puede atribuir culpabilidad al acusado Jorge Espejo Moreno.

Es más, según escribe dice que ante un delito culposo es factible un acuerdo reparatorio. Es decir, se puede pagar  que no denuncien la muerte de un familiar. Como es de costumbre en esta zona los silencios son comprados por las mafias mineras para evitar que se dé con los responsables. Las mafias mineras siguen teniendo el control.

De nada valieron los videos que muestra cómo son retirados los cadáveres sin la presencia de las autoridades, ni las tumbas donde descansan los restos mortales de los hermanos Valderrama Altamirano.

Las víctimas fallecieron el pasado jueves 6 de mayo de este año. Desde ese día y durante seis meses, los deudos reclamaron al fiscal, Ronald Urrutia, que hiciera justicia. Pero solo recibieron evasivas, encontraron las puertas cerradas de la fiscalía y desidia en el proceso fiscal. “El fiscal no le prestó la debida atención a este caso de homicidio. Todo lo contrario, no había avances con el expediente. Tal vez con la posible intención de que nos olvidemos  y aceptemos con el supuesto dinero que Espejo Moreno había entregado como “indemnización”, lamentaron los deudos.

Una ONG puso el caso en manos de sus abogados y estos detectaron falencias en el proceso. Primero una grosera demora en acelerar las investigaciones y luego un total desinterés del fiscal Urrutia Castillo, por viajar a Cajabamba para corroborar que los cadáveres fueron trasladados al lugar.  Ante ello, los deudos realizarán la elevación de actuados para revocar esta disposición firmada por el fiscal que ha sido obligado a rectificarse por la Fiscalía Superior en otro caso que involucra a Oswaldo Alva Polo, otro minero ilegal acusado de homicidio.