La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia rechazó la solicitud de variación de detención domiciliaria por comparecencia con restricciones formulada por la defensa de la exprimera dama, Nadine Heredia, en la investigación que se le sigue por el presunto delito de colusión en el Caso Gasoducto.
La esposa del expresidente Ollanta Humala habría sido sindicada de ser cabecilla de una organización criminal que otorgó beneficios irregulares a la empresa Kuntur Transportadora en el proyecto Gasoducto Andino del Sur.
“Como parte del despliegue de acciones para liderar el proyecto de transporte de gas a través de ductos en la zona sur, Odebrecht encontró un punto en común con el gobierno de Ollanta Humala Tasso que ofreció el gas para todos. Esto propició acercamientos y reuniones”, indica el oficio.
De otro lado, en la audiencia realizada el pasado 10 de noviembre, la fiscal adjunta provincial Patricia Castañeda señaló que el exministro de Energía y Minas Jorge Merino, actualmente colaborador eficaz en estas indagaciones, sigue facilitando pruebas sobre la intervención de Heredia Alarcón en decisiones gubernamentales de Humala Tasso.
“Es objeto de investigación la presunta constitución de una organización criminal en el Gobierno Central dentro del aparato estatal, que tenía entre sus fines cometer actos de corrupción favoreciendo a empresas brasileñas para que se hicieran de las obras públicas”, indicó la fiscal.
Cabe indicar que en setiembre del 2020 la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción dictó 24 meses de detención domiciliaria contra Nadine Heredia, en el marco de la investigación del Caso Gasoducto, a cargo de la fiscal Geovana Mori. Luego de un año y medio, el juez Richard Concepción Carhuancho concluyó el control de acusación contra Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros procesados por otro caso: los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht.
En ese aspecto el fiscal solicitó 20 años de prisión para Humala Tasso y 26 años y medio para Heredia Alarcón por el delito de lavado de activos por los presuntos aportes del Gobierno de Venezuela y Odebrecht para las campañas electorales del 2006 y 2011.
