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En el marco del Megaoperativo de Control en La Libertad, la Contraloría General detectó que la construcción de la trocha carrozable Lagunas – Hacienda Casais (Sayapullo, Gran Chimú) no se ejecutó conforme el expediente técnico, lo que ocasionó un perjuicio económico para la Municipalidad Distrital de Sayapullo por S/ 749 539.12.

El Consorcio Santa Rosa, integrado por JUNEVA CONSTRUC EIRL y Constructora Dayemer SAC, estuvo a cargo de la cuestionada obra.

Según el Informe de Control Específico N.º 018-2021-2-3614-SCE, la entidad dio conformidad y pagó por la construcción de dicha obra vial pese a que las partidas y metrados no fueron ejecutados según el expediente técnico. Por ejemplo, los taludes fueron hechos sin respetarse las especificaciones técnicas ocasionando que, por inclemencias del tiempo, el material de las laderas invada la vía.

Asimismo, se evidenció que no se contó -en forma permanente y directa- con la presencia del residente de obra por 39 días y del supervisor por otros 14, debido a que simultáneamente prestaban servicios en obras ejecutadas por otras entidades en las regiones de La Libertad, Áncash y Junín. Ambos eran profesionales clave de la obra.

Estos hechos ocasionaron que la vía de comunicación entre el caserío Lagunas (La Libertad) y la Hacienda Casais (Cajamarca) se encuentre intransitable y no se garantice su correcta ejecución técnica, afectando el desarrollo de la población beneficiaria y generando al gobierno local un perjuicio económico superior al costo de la obra, que en agosto de 2018 fue otorgada por Adjudicación Simplificada al consorcio ganador de la buena pro por S/ 693 573.70.

En el caso se identificó la presunta responsabilidad civil y/o administrativa de Hubert Martín Jauregui Alva (Gerente de Desarrollo Urbano y Rural – Presidente del Comité de Recepción de Obra), Huber Hernán Peláez Vásquez (Miembro del Comité de Recepción de Obra), Gandy Milena Gavidia Minchola (Miembro del Comité de Recepción de Obra) y Elmer Javier Cerna Rímac (Supervisor).

un funcionario y tres servidores públicos, por lo que la Contraloría General recomendó al titular de la municipalidad realizar las acciones pertinentes para el deslinde de las responsabilidades que correspondan; y al Procurador Público iniciar las acciones legales civiles contra los involucrados en los hechos.