Desde hace poco más de 10 años, el Estado no logra ejecutar más de S/35 mil millones para ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios públicos. Esto no solo representa un problema económico o de gestión de las autoridades, sino también un problema social y de frustración para la ciudadanía, pues no percibe los beneficios de los impuestos que aportan o de las actividades económicas que generan ingresos.
Con los datos disponibles al cierre de noviembre, se puede observar que el presupuesto destinado a inversión pública presenta un avance del 60%. Queda pendiente la ejecución del 40%, lo que equivale a S/24,191 millones.
El Estado ejecuta mensualmente S/3,500 millones del presupuesto de inversión, por lo que para gastar estos S/24 mil millones tendría que sextuplicar su capacidad de ejecución mensual, lo cual resulta inviable.
Según estimaciones de la Asociación de Contribuyentes, al ritmo de ejecución de este año (7% por mes), la ejecución del presupuesto de inversión pública al culminar el 2021 sería de un 65%, lo que implica devolver el 35% al tesoro público, unos S/20 mil millones.
Si las brechas de infraestructura se traducen en cifras, según estimaciones (como la que hizo la Universidad del Pacífico para el PNIC 2019) la inversión necesaria en el corto plazo para que el país tenga acceso a infraestructura básica es de S/117,183 millones (54% del PBI). Esto equivale al monto del presupuesto público que se ha devuelto en los últimos cinco años (S/137,834 millones). Para reducir las brechas sociales del país, no se trata solo de más recursos sino de que su uso sea correcto y eficiente.
Fuente: Perú21
