La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la raíz de la conflictividad social no se encuentra en la normativa minera, sino en la frustración de la población por la ineficiente ejecución de los recursos del canon.
En ese sentido, consideró que el Gobierno tiene un “diagnóstico errado” sobre las causas de los conflictos sociales en el Perú, pues estos no se deben “a limitaciones o restricciones” en la Ley General de Minería, como afirmó la premier, Mirtha Vásquez.
“La conflictividad social no se resolverá cambiando la ley general de minería. Pretender eso es un enfoque equivocado”, indicó Pablo de la Flor, director ejecutivo del gremio minero-energético.
Asimismo, recordó la escasa capacidad que ha mostrado el Estado en los últimos años para ejecutar recursos transferidos por las empresas mineras; es decir, el canon y las regalías.
“Lo que hace falta, en vez de modificar el marco normativo, es apuntalar la gestión del Estado para responder estas demandas de la población, y poner en buen uso los recursos que ya está generando la minería”, dijo.
Fuente: Rumbo Minero
