Municipio de Curgos ocasiona perjuicio de S/ 4.2 millones en obra

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En el marco del Megaoperativo de Control en La Libertad, la Contraloría General detectó que deficiencias técnicas estructurales y el no cobro de penalidades en la ejecución de un camino vecinal en el distrito de Curgos (Sánchez Carrión), adjudicada por casi S/ 7 millones a un consorcio, generó un perjuicio económico para la municipalidad local por S/ 4 267 743.28.

Cabe precisar que una de las dos empresas integrantes del Consorcio María de los Ángeles, Omega Group Perú SAC, estaba impedida para contratar con el Estado. Esta empresa «presentó para sustentar la experiencia en obras similares requerida en las bases integradas del Procedimiento Especial de Contratación, la experiencia adquirida por la empresa Corporación Omega Contratistas Generales SAC, pese a que esta, se encontraba inhabilitada por el Tribunal de la Contrataciones del Estado en su derecho a participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, hecho que no fue advertido por el comité de selección; dicha empresa fue absorbida y fusionada con la empresa Omega Group Perú SAC, evidenciándose, que la citada fusión fue la continuación de la persona jurídica que se encontraba impedida, ya que el socio accionista mayoritario de las dos empresas y gerente General, es la misma
persona natural que integró al proveedor sancionado al momento de imponerse la sanción, lo que configura el impedimento establecido en la normativa aplicable»
, señala el documento.

En el caso, también se identificó a siete funcionarios y servidores públicos comprometidos en los hechos, con presunta responsabilidad penal y/o administrativa: Melina Raquel Vera Alayo, Luis Francisco Capristán León, Segundo Lenin Esquivel Núñez, Jesús Alberto Velásquez Reyna, Jhordy Eduardo Calderón Alayo, Walter Eduardo Otiniano Villanueva, Franklin James Cabrera Bravo, Anddy Santiago Obando Paredes, Manuel De Jesús Babilonia Pinto, Sandro Aldo Rodríguez Arteaga, Leoncio Femando José Lucar Moya y Carlos Alexander García Azañedo.

La obra, denominada “Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal en desvío Curgos – Corral Colorado – Querobal – Chiquichal – distrito de Curgos – provincia de Sánchez Carrión – Departamento de La Libertad”, debía culminar en setiembre de 2019 pero fue entregada en agosto de 2020, luego que la entidad aprobara tres suspensiones y una ampliación de plazo.

La comisión auditora evidenció que para acreditar la experiencia en obras similares, el consorcio presentó documentos de un proveedor inhabilitado por el Tribunal de Contrataciones del Estado, situación que debió ser advertida por el comité de selección a través de una búsqueda simple en la plataforma del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). El consorció, además, no acreditó que contaba con el equipamiento requerido para la ejecución de la obra, lo que debió hacer antes de firmar contrato.

Estos hechos están contemplados en el Informe de Auditoría N.º 001-2022-2-0419-AC, que también revela que la liquidación de la obra fue aprobada pese a que no se aplicaron penalidades por la ausencia de personal clave, la no implementación de planes de control y monitoreo; deficiencias técnicas durante la ejecución de la obra, así como falta de indumentaria e implementos de protección personal, de seguridad y señalización. Dichas situaciones fueron alertadas por la Contraloría General en seis informes de control concurrente comunicados, en su momento, al titular de la entidad.

Asimismo, durante la ejecución contractual se tramitó y otorgó conformidad a las valorizaciones de obras a pesar que el contratista incluyó partidas y metrados no ejecutados, y realizó trabajos con una menor proporción en el porcentaje del asfalto y grado de compactación de la base granular, incumpliendo las especificaciones técnicas del expediente técnico y el Manual de Carreteras.

La entidad recibió la obra con deficiencias de carácter estructural en lo relacionado a las fisuras longitudinales y transversales en la carpeta de rodadura asfáltica, a lo largo de toda la vía que además presenta “piel de cocodrilo” y desprendimiento de la carpeta asfáltica.

El informe de auditoría de cumplimiento fue comunicado a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales contra los siete funcionarios y servidores públicos involucrados, así como a titular de la entidad para el deslinde de responsabilidades administrativas.