La fiscal Karla Zecenarro sustentó su pedido ante el juez Manuel Chuyo, durante audiencia de impedimento de salida del país de los sobrinos del presidente Pedro Castillo, el exsecretario de palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde, entre otros. Todos vinculados a las irregularidades encontradas en el proceso de licitación para la construcción del Puente Tarata sobre el rio Huallaga, ubicado en la provincia de Mariscal Cáceres en San Martín.
Zecenarro sostuvo que la Contraloría evidencia que de los 12 contratos que presentó el consorcio Puente Tarata, siete de ellos no cumplían con la adecuada experiencia.
“Es decir más de la mitad de contratos que acreditaban su experiencia en realidad no acreditaban tal experiencia. Es evidente que esto debió ser advertido por el Comité de Selección que ahora son investigados y, pese a ello, otorgaron de manera indebida la buena pro a esta empresa”, informó la representante del Ministerio Público.
Además, la fiscal informó que ambas empresas ganadoras de la licitación cuentan con vínculos por razón social, accionistas, giro del negocio y representantes legales, para ello, señala que estas irregularidades debieron ser advertidos antes de darles la buena pro.
“La norma prohíbe que empresas vinculadas, que formen parte de un mismo grupo económico, tengan la posibilidad de competir y de ser favorecida por la buena pro”, aseveró.
Recordemos que la adjudicación de la obra se otorgó por medio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de su unidad ejecutora Provías Descentralizado.
