La minería es uno de los principales motores de crecimiento económico en el Perú. En los últimos diez años, aportó cerca del 9% del PBI, 59% de las exportaciones, 15% de la inversión privada y 10% de los ingresos tributarios.
No obstante, la creciente conflictividad social relacionada a la minería –concentrada en la segunda mitad del 2021– habría frenado buena parte del crecimiento del sector en el último año y el inicio del 2022.
Según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los conflictos mineros le habrían costado al sector minero-metálico alrededor de 2,3 puntos porcentuales de crecimiento en el 2021. Es decir, la actividad minera se expandió 9,7% en el 2021, pero pudo haberse expandido 12% sin conflictos sociales. Ello habría significado un costo de más de S/1.500 millones, según cálculos del IPE.
Héctor Collantes, director asociado en Fitch Ratings, confirma que la conflictividad social ha sido un problema recurrente en la minería. Sin embargo, el Gobierno actual se ha mostrado particularmente incapaz de conciliar las demandas de las comunidades con las de las empresas mineras.
Ante ello, Collantes menciona que un manejo adecuado de los conflictos sociales requiere una autoridad establecida, reglas claras y una intermediación oportuna.
Fuente: IPE
