Lady Elizabeth Esparza Velásquez, jefa del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), ha sido denunciada por la presunta omisión de actos funcionales y la transgresión del Código de Ética de la Función Pública, al negarse a investigar y archivar la denuncia de una compra directa de mascarillas comunitarias para el personal, docentes y estudiantes, por el importe de S/. 556,668.69, en la UGEL N°04 – Trujillo Sur Este, y que según el denunciante, el profesor Leopoldo Rojas, se habría dado de manera irregular.
Sobre la compra directa de mascarillas en la UGEL N° 04, Macronorte ha informado que las funcionarias Isabel Marina Yupanqui Sifuentes (Directora), Cristina Katleen Sandoval Pereda(Jefa del Área de Gestión Institucional y del Área de Gestión Administrativa) y María Eugenia Robles Pagador (Jefa de Asesoría Jurídica) fueron denunciadas por presuntamente haber vulnerado la Ley de Contrataciones del Estado y que se habría favorecido ilegalmente con la compra a la empresa ISA Contratistas Generales EIRL, cuyo gerente es Gilmer Polo Nicasio, quien es un jovencito de 21 años de edad y su empresa está constituida desde el 5 de noviembre de 2020. La compra se realizó en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno, mecanismo que permitió obviar la licitación pública y la pugna de varios postores. Sin embargo, un exfuncionario de esta UGEL señaló que la compra directa no tendría sentido, debido a que el 2021 no se realizaron clases presenciales, es por eso que no existía una emergencia que justificara un proceso de compra de esas características. Además, una de las funcionarias encargadas de la adquisición, Cristina Katleen Sandoval Pereda, no contaba con la certificación del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
La compra de mascarillas y escudos faciales, según el contrato del 25 de junio de 2021, serían entregados al personal docente, administrativo y estudiantes de planteles de inicial, primaria y secundaria de Trujillo, Moche y Salaverry.
Sobre este caso, la jefa del OCI de la GRELL emitió opinión, a través del Oficio N° 017-2022-GRLL-GGR-GRSE/OCI, de fecha 14 de enero de 2022. En este documento señaló textualmente: «Cabe señalar que la compra de mascarillas y protectores faciales realizado mediante contratación directa por la UGEL N°04-TSE, se efectuó en el marco de la normativa vigente, mediante el cual el Gobierno dictó medidas extraordinarias para el reinicio progresivo del servicio educativo presencial y semipresencial en el año 2021 (…). En tal sentido, el hecho denunciado no se enmarca en la definición de hecho irregular, siendo que el hecho irregular debe constituir un hecho arbitrario e ilegal».
La jefa de OCI finalizó su respuesta a la denuncia del profesor Leopoldo Rojas señalando que «su denuncia no cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 6.4.2. de la Directiva N° 009-2020-CG/GCSD», que rige la recepción, evaluación y atención de las denuncias.
Sin embargo, la postura de la auditora ha sido puesta en duda a causa de un pronunciamiento de uno de sus superiores jerárquicos. Para el subgerente de Evaluación de Denuncias de la Contraloría General de la República, Jesús Arias Valencia, la denuncia del docente sí aporta indicios para el inicio de una investigación.
En el Oficio N° 000924-2022-CG/SEDEN, de fecha 19 de enero de 2022, señala que «se advierte que los hechos denunciados cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la referida Directiva N° 009-2020-CG/GCSD». Como queda en evidencia, la postura local y la central difieren en su opinión sobre un mismo caso.
El denunciante hace notar que esta no sería la única contradicción en el accionar de la jefa del OCI de la GRELL. En su denuncia documenta que en Arequipa, el personal de la Contraloría General de la República observó las compras directas de mascarillas que realizó la UGEL Arequipa Sur y en la que intervino personal que no estaba certificado por OSCE.
La actuación funcional de la auditora Lady Esparza ha sido denunciada ante diferentes instancias como el Gobierno Regional de La Libertad, Congreso de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, Secretaría de la Presidencia de la República y la propia Contraloría General de la República.
En este último organismo, la denuncia ha pasado a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, donde ya se inició una investigación sobre el caso. El pasado 08 de marzo se informó al denunciante la apertura de las pesquisas.
La jefa de la OCI de la GRELL no ha respondido a las llamadas de los reporteros de Macronorte, para dar a conocer sus comentarios sobre esta seria denuncia. Igualmente no ha contestado a nuestros mensajes en la aplicación whatsapp.
