El Ejecutivo decidió acogerse a un decreto de urgencia para destrabar la III etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), la cual se paralizó en el 2016. La concesionaria Chavimochic, propiedad de Odebrecht y Graña y Montero (ahora Aenza) está a cargo de la ejecución de esta obra.
Cabe precisar que la reactivación del proyecto fue por iniciativa del consorcio Chavimochic, que propuso al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) culminar la construcción de la presa Palo Redondo en 18 meses, pero bajo dos condiciones.
Como primera condición es que el Estado peruano renuncie al arbitraje internacional en curso que enfrenta con la concesionaria Chavimochic. Y como segundo punto es la suscripción de una adenda al contrato para garantizar la culminación de la ejecución del proyecto.
En ese sentido, la concesionaria Chavimochic solicitaba que el Ejecutivo responda inmediatamente a estas negociaciones, puesto que enviaron su propuesta el 14 de marzo del año en curso, debido a que el tribunal internacional de arbitraje fijó para el 26 de abril la publicación del laudo sobre la demanda. Asimismo, la empresa desea que el Estado peruano se sume a un pedido que presentará al tribunal internacional de arbitraje, para que se postergue la emisión del laudo, a fin de llegar a buenos términos en las negociaciones para la adenda al contrato.
Por su parte, Katty Aquize, procuradora pública del Midagri, notificó al ministro de este despacho, Oscar Zea, y al viceministro de Desarrollo de la Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Rómulo Antúnez, que la propuesta de la concesionaria es perjudicial para los intereses del Estado y recomendó rechazar la oferta.
Sin embargo, las autoridades del Midagri han aceptado lo planteado por la concesionaria en suspender el laudo arbitral y de emitir un decreto de urgencia para destrabar la ejecución de la tercera etapa del proyecto Chavimochic, así lo informó Rómulo Antúnez.
“Desde mi despacho estoy formulando un decreto de urgencia que será remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros, donde será analizado y nos dirán el proceso a seguir. Estamos actuando en varios escenarios y uno de ellos es la suspensión del laudo”, manifestó.
Asimismo, el viceministro señaló que la decisión del Midagri es el destrabe de la III etapa de Chavimochic, a fin de no continuar perdiendo 2.000 millones de dólares (que se obtendrían con la ejecución de la obra).
Hasta el momento la postura de la procuradora pública Aquize Cáceres no ha cambiado y persiste en que se desista del arbitraje, suspender la lectura del laudo y que suscribir una adenda no son favorables para los intereses del Estado.
“Nos hemos reunido con la procuradora (Katty Aquize), quien, efectivamente, ha presentado un informe en el que indica que no es viable el proceso. Así que en ese punto estamos tratando de coordinar. Creo que es la única instancia que está dificultando el proceso. Hay completa predisposición de mi viceministerio. Se ha reaccionado un poco tarde, pero eso no quiere decir que no haya salidas. Sí las hay”, subrayó Antúnez.
De otro lado, Edilberto Ñique, gerente del PECH sostuvo que existe la buena predisposición entre las autoridades comprometidas en destrabar el referido proyecto, pero que persistía un obstáculo burocrático, en referencia a la posición contraria a la propuesta del consorcio Chavimochic, planteada por la procuradora Katty Aquize.
“El día 26 de abril se vence el plazo, o sea que el Midagri tendría hasta el día 25 de abril para poder requerir la prolongación de la emisión del laudo. Hasta esa fecha podríamos esperar”, indicó Ñique.
Cabe precisar que el director general de Infraestructura y Riego del Midagri, Moisés Bravo Hinostroza, el pasado 4 de abril, comunicó al viceministro Rómulo Antúnez que no era viable la propuesta de una adenda del contrato con la concesionaria Chavimochic, en relación a la continuidad de la ejecución de la tercera etapa del proyecto de irrigación.
“Se recomienda la no procedencia de la suscripción de una adenda al contrato de concesión, según los términos de referencia de la concesionaria por variar el equilibrio económico financiero y modificar las condiciones contractuales”, señaló el funcionario.
