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Este 21 de abril, Manuel Chuyo Zavaleta, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, dictó comparecencia con restricciones contra la empresaria Karelim López y otros investigados por la adjudicación irregular del puente Tarata (San Martín).

Entre las medidas se le prohíbe a la lobista asistir a la sede de Provías, no comunicarse con testigos e investigados y presentarse cada mes ante la autoridad judicial.

Esta medida fue formulada por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, quien está a cargo de la investigación. Como se recuerda López Arredondo se acogió a la colaboración eficaz con la fiscal de lavado de activos Luz Taquire.

Para Zecenarro Monge, la empresaria participó en el proceso de concesión del proyecto convocado por Provías, a fin que el consorcio formado por la empresa Termirex, de la familia Pasapera, obtenga la buena pro de la obra, la cual tendría una inversión superior a S/232 millones.

Estas mismas medidas alcanzan a Héctor Pasapera López, Marco Pasapera Adrianzén, Víctor San Miguel y Alcides Villafuerte, quien fue funcionario de Provías.