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El Ejecutivo presentó un proyecto de ley, el cual busca que la Fiscalía de la Nación pueda denunciar de oficio o de parte, ante la Corte Suprema, a altos funcionarios por presuntos delitos cometidos durante sus funciones, inclusive, hasta cinco años después de que los altos funcionarios hayan cesado en sus cargos.

La norma propone modificar los artículos 99 y 100 de la Constitución Política, los cuales establecen los mecanismos del antejuicio político y el rol del Congreso en este proceso.

Esta medida alcanza al presidente de la República, congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia; magistrados de la Corte Suprema, fiscales supremos, el Defensor del Pueblo y el Contralor General.

Cabe precisar que los mencionados funcionarios del Estado tienen derecho al antejuicio en Congreso, en donde se les puede inhabilitar hasta por diez años.

“La determinación sobre si hay mérito a formación de causa penal corresponde a una comisión especial conformada por los tres jueces o las juezas titulares con mayor antigüedad en el ejercicio del cargo de la Corte Suprema de Justicia”, indica el PL.

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