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La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 1 918 036 y la responsabilidad de siete funcionarios y exfuncionarios de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Grau por la inoperatividad de la construcción del pozo de agua “Sagrado Corazón de Jesús”, ubicado en el distrito de Castilla, debido a que extrae agua no apta para el consumo humano, por lo que la obra no cumple con el fin público establecido.

De acuerdo al Informe de Control Específico N° 004-2022-2-3470-SCE, que abarcó un periodo de evaluación del 14 de enero de 2014 al 25 de febrero de 2020, se evidenció que la ejecución de la obra y saldo de obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en los asentamientos humanos La Primavera I, II, III etapa, urbanización San Antonio, Sagrado Corazón de Jesús y Almirante Miguel Grau, con respecto al pozo de agua, se efectuó sin los análisis físico – químico del agua, de acuerdo con los cronogramas de avance.

Pese a que los análisis debían efectuarse oportunamente durante la perforación del pozo, recién se realizaron al término del saldo de obra, el cual dio como resultado que el agua extraída no cumple con los parámetros máximos permisibles de calidad de este líquido para el consumo de las personas.

De esta manera, los trabajos ejecutados en la línea de impulsión de agua, caseta de bombeo, perforación de pozo, equipamiento e instalaciones hidráulicas y eléctricas, valorizados en el contrato principal y el saldo de obra, no se encuentran operativos y no serían puestos en funcionamiento.

El OCI de la EPS Grau señaló responsabilidad civil y administrativa en siete personas entre funcionarios y exfuncionarios de las áreas de Operaciones e Ingeniería, Obras y Supervisión. También halló responsabilidad civil en el supervisor de la obra.

El informe fue notificado al gerente de la entidad, a quien se recomienda el deslinde de las responsabilidades que correspondan. También se recomendó que el Procurador Público de la Contraloría inicie las acciones legales contra las personas involucradas.

En el 2014, la entidad firmó contrato con un consorcio para la ejecución de la obra por más de S/ 12 millones y un plazo de 300 días calendario. Sin embargo, tres años después, se resolvió el contrato por incumplimientos del contratista. El saldo se obra se inició en el 2018.

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