Paola del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de REDES, comentó que el decreto de ley, que modifica la normativa y restringe la tercerización laboral, podría afectar la viabilidad de proyectos públicos.
“¿Se pospondrían decisiones de inversión para brindar acceso a miles de habitantes de Lima y Callao que aún no tienen agua ni desagüe? ¿Lo vamos a pagar todos? La calidad, el costo y el acceso a los servicios públicos se puede ver comprometida”, precisó.
A través de su cuenta de Twitter, Carpio Ponce sostuvo que incluso las más grandes empresas se han manifestado en contra de esta medida.
“No en vano actualmente hay 11 acciones populares – ¡una de la propia Sedapal! – más de 200 medidas cautelares emitidas por Indecopi o el Poder Judicial frenando los efectos de la norma para algunos casos”, publicó.
Además, explicó que el gobierno está yendo por un camino que no le conviene al país.
“Lo más probable es que veamos esfuerzos en MTPE de fortalecer a su procuraduría, apelar, y dedicar tiempo a esto cuando lo que deberíamos ver es un compromiso con emitir normas de contenido técnico y adecuadamente debatidas en las instancias correspondientes antes de imponerse”, finalizó.
